Brasileño y paraguaya de 17 años están entre los nuevos trabajadores con resguardo. Se busca determinar su condición de vulnerabilidad.

A las 14.30 del día jueves 26  llegó hasta la fiscalía local de Rancagua la embajadora de Paraguay en Chile, Terumi Matsuo. Lo hizo acompañada del director de atención de las comunidades paraguayas en el extranjero, Juan Buffa.

El propósito inmediato de ambos era reunirse con los 10 nuevos trabajadores extranjeros que, ayer por la mañana, pidieron protección al Ministerio Público, durante un allanamiento de la PDI a uno de los fundos del empresario Francisco Javier Errázuriz, en Marchigüe.

Estos allanamientos forman parte de una indagación que realiza la Fiscalía de la Región de O'Higgins para establecer si existieron ilícitos asociados a la labor que estos ciudadanos extranjeros desarrollaban en los fundos.

Estos 10 ciudadanos protegidos se sumaron a otros 47 paraguayos (uno de ellos de 17 años) que están desde el miércoles en el Hotel Rancagua de esa ciudad, con resguardo de Carabineros.

Con este grupo también se reunieron, por la tarde, la embajadora y el director de comunidades en el extranjero, quien llegó el miércoles al país para determinar las condiciones de vulnerabilidad de estos ciudadanos en Chile.

Fuentes ligadas al caso explicaron que nueve de los 10 trabajadores nacieron en Paraguay, pero que el décimo nació en Brasil y se crió en Paraguay.

Estas fuentes explicaron que entre los nueve hay, además, una joven de 17 años. Además, señalaron que en la reunión con la embajadora estuvo presente el fiscal Sergio Moya, a cargo del caso.

En Santiago, también hubo encuentros por el tema. Pasadas las 16.00 llegó hasta el edificio de la Fiscalía Nacional el canciller Alfredo Moreno, quien se reunió con el fiscal nacional, Sabas Chahuán; el director de cooperación internacional de la fiscalía, Jorge Chocair, y el fiscal jefe de la VI Región, Luis Toledo.

Tras la cita, Chocair sostuvo que "el canciller vino a (...) conocer cuáles son las medidas de protección que el Ministerio Público está brindando a las víctimas (...) respecto de los hechos que estamos investigando".

Toledo, por su parte, explicó que están solicitando información a la fiscalía paraguaya. Esto, en la causa que se desarrolla en ese país por eventual explotación laboral.

El empresario Francisco Javier Errázuriz ayer se refirió a la diligencia de la PDI. Calificó de "escandaloso" el despliegue policial y recalcó que la diligencia afectó a "todos los ciudadanos paraguayos que se encuentran en capacitación y también a aquellos que ya habían obtenido su visa de trabajo".

Paralelamente con las pesquisas de la fiscalía, la Dirección del Trabajo y la cartera del Trabajo cursaron 10 multas, por un total de $ 14.047.664, en contra de la sociedad Frutales y Viñedos, Errázuriz, Ovalle S.A., que comprende tres fundos: San Antonio, La Esperanza y Santa María.

La directora de esa unidad, María Cecilia Sánchez, explicó que "entrevistamos a más de 16 trabajadores y encontramos que estaban prestando servicios sin visa de trabajo, sin contratos (...) y tampoco había libro de asistencia para acreditar el tiempo que estuvieron en los predios".

La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, añadió que hay otros 46 ex trabajadores en Pichilemu y que no han sido fiscalizados. Otros 26 han regresado a sus países de origen: Uruguay y Brasil.

El empresario respondió a estas medidas por la tarde. Dijo que "lamentamos" que el gobierno obstaculice a quienes "facilitamos el aprendizaje de terceros", en vista de la falta de mano de obra en el país.

Respecto del planteamiento de Francisco Javier Errázuriz, en términos de que los paraguayos realizaban un curso de capacitación, la ministra Matthei sostuvo brevemente: "Estaban claramente trabajando".

Fuente: La Tercera