Chile: El último giro de timón de Coquimbo y su puerto

Esta semana se concretó el proceso de licitación de la terminal portuaria, siguiendo el camino iniciado hace más de una década por otros recintos de su tipo en el país. Las operaciones las tomará el Grupo Ultramar, que invertirá US$80 millones en su modernización, incluyendo la construcción de un nuevo frente de atraque.

Mañana (hoy) se cumplen 14 años desde que se promulgó la Ley 19.542, que dio vida a los puertos autónomos en nuestro país, disolviendo a la otrora poderosa Empresa Portuaria de Chile, conocida como EMPORCHI. De ahí comenzó una vorágine privatizadora de las terminales a lo largo del territorio nacional, especialmente las de la zona central.

Esta semana, finalmente, y luego de años de disputas legales, le tocó el turno al puerto de Coquimbo, recinto que será concesionado al Grupo Ultramar, única empresa que se presentó al proceso de licitación. Esta compañía, presente también en otros terminales del país, invertirá la no despreciable suma de 80 millones de dólares en la modernización de este recinto, calificado por el intendente Sergio Gahona como la palanca de desarrollo de la Región de Coquimbo.

Gahona considera que esta concesión traerá importantes encadenamientos productivos que beneficiarán a miles de personas en la región, en cuanto se constituiría en una plataforma de negocios en el cono sur, lo cual se complementa con la eventual construcción de un túnel cordillerano en Agua Negra.

“Estamos muy contentos porque ahora ya, en los próximos dos años, tendremos la construcción de un puerto multipropósito. Ampliaremos la gama de servicios, modernización y mejor atención”, dijo el representante de gobierno.

AGUAS TORRENTOSAS.  Coquimbo significa lugar de aguas tranquilas, pero durante estos últimos 14 años las cosas no siempre fueron apacibles en este puerto. Por años, presidentes de la República e innumerables ministros cada vez que visitaban este puerto insistían en la necesidad de modernizarlo, opinión que era compartida por dirigentes de todo tipo, como también por representantes sociales de la zona.

Lo malo es que, por lo menos durante tres años, no existió un acuerdo respecto a la fórmula para convertir a esta terminal en una de las más modernas del Pacífico Sur.

En agosto de 2008, los entonces ejecutivos de la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO) iniciaron el proceso para realizar una licitación, para lo cual se diseñaron las bases respectivas. Estas señalaban, entre otras cosas, un mejoramiento de los dos muelles de atraque y la construcción de un sitio exclusivo para cruceros, todo lo cual implicaba una inversión cercana a los 14 millones de dólares, dinero que, en este caso, debiera aportarlo el privado que se adjudicaría una concesión a 30 años.

Para seguir adelante con la licitación, es decir, con la incorporación de los privados, el directorio de EPCO esgrimía el artículo 19 de la Ley 19.542, en su versión de 2003, el cual consigna la imposibilidad que tiene el Estado para invertir en los frentes de atraque.

Igualmente, la normativa expresa que los puertos que deseen licitarse con la modalidad de monooperador, es decir, bajo el control de una sola gran empresa responsable, primero deben requerir un informe del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), modelo que fue aplicado en otras ciudades portuarias del país, como Valparaíso y San Antonio.

La consulta respectiva al TDLC fue enviada en septiembre de 2008.

A algunas organizaciones de Coquimbo no les satisfacía esta fórmula, ya que veían que la entrega del recinto a un solo operador era perjudicial para la economía de la comuna, por lo que buscaban que el recinto fuera entregado a varias empresas para su funcionamiento o, por lo menos, que existiera un plan maestro que permitiera orientar las actividades económicas de la región y generar encadenamientos productivos. Fue así que el sindicato de trabajadores de EPCO, con el apoyo del autodenominado Comando de Defensa del Puerto de Coquimbo, presentó un recurso de reclamación ante el TDLC, el que fue rechazado por “improcedente”.

El 14 de mayo de 2009, el TDLC emitió un informe de 43 páginas, en el cual autoriza a EPCO para “realizar la licitación pública por medio de la cual procederá a otorgar una concesión portuaria”, como también para “implementar el esquema monooperador en su único frente de atraque”.

Sin embargo, los trabajadores y dirigentes sociales de Coquimbo no bajaron los brazos. En julio de 2009 iniciaron una estrategia legal en la Corte Suprema para impugnar constitucionalmente el informe del TDLC, ello a través de un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, en Santiago.

En septiembre del año pasado, 14 meses después de iniciada la impugnación, el Tribunal Constitucional emitió su fallo rechazando definitivamente la solicitud de los trabajadores. Desde ese momento, la privatización de las instalaciones era sólo cosa de tiempo.

AIRES MODERNIZADORES.  En medio de esta disputa legal se produjo el cambio de gobierno. Las nuevas autoridades consideraron que las bases de licitación hasta ese momento vigentes no eran satisfactorias, indicando, por ejemplo, que la concesión no debiera ser inferior a los 30 millones de dólares, casi 3 veces más de lo planteado por la anterior administración.

En septiembre de 2010, se nombró a un nuevo directorio de EPCO, el cual entre sus tareas prioritarias se impuso la licitación de este puerto.

El seremi de Transporte, Juan Manuel Fuenzalida, en septiembre del año pasado confirmó que el gobierno ya había ideado un ambicioso plan para esta terminal, el cual permitiría mover más de tres veces el volumen de carga actual, es decir, unas 2 millones de toneladas al año.

VELAS AL VIENTO.  El 5 de agosto pasado, finalmente, se pusieron en venta las nuevas bases de licitación a nivel internacional, las cuales tuvieron un valor de 10 mil dólares cada una. En ellas se exigía el arreglo de los dos frentes de atraque y la construcción de instalaciones que permitan compatibilizar la carga de minerales con la de frutas o granos y permitir, paralelamente, la llegada y zarpe de embarcaciones de pasajeros.

En total fueron 12 las empresas que compraron las bases.

Justo cuatro meses después, el pasado 5 de diciembre, ejecutivos del Grupo Ultramar fueron los únicos en llegar hasta las oficinas de EPCO en Coquimbo con las propuestas respectivas para ganar la licitación pública, ocasión donde presentaron correctamente la boleta de garantía, la oferta técnica y la financiera, según lo confirmó en esa ocasión el presidente de la empresa portuaria local, Hugo Grisanti.

El último capítulo de esta historia se escribió recién el pasado martes, cuando en la misma explanada del puerto, ganada décadas antes al mar, se abrió el sobre con la oferta económica que entregó Ultramar. Luego que el directorio estudiara la propuesta, especialmente en lo referido al tema tarifario, el gerente general de EPCO, Miguel Zuvic, informó que se decidió “adjudicar la licitación del Puerto de Coquimbo para los próximos 20 años a Inversiones Neltume, filial del Grupo Ultramar”, dando fin a años de incertidumbre.

Ahora los nuevos capítulos de esta historia serán acerca de las negociaciones en materia laboral, como el pago de indemnizaciones a los trabajadores, como también respecto a la reactivación de la línea férrea y a la habilitación de una conectividad vial que esté acorde al aumento del volumen de carga esperado, en especial, del proveniente de Argentina y de los valles interiores de la región.

Fuente: Diario El Día