Productores representantes de distintas comunidades exigen al Estado un acceso al financiamiento y a una mejor infraestructura. “Se necesitan políticas, no programas”, señalaron.

Representantes de las comunidades de agricultura familiar de todo el país consideraron que es preciso avanzar hacia el desarrollo de una Ley de Agricultura Familiar, con acceso al financiamiento actualmente inexistente y a una mejor infraestructura.

Si bien reconocieron el acompañamiento del gobierno nacional y de autoridades provinciales en la organización que logró en los últimos años este microsector de la actividad agropecuaria, delegados de todas las provincias se reunieron en Buenos Aires para compartir sus experiencias y manifestar la necesidad de pasar de la organización al desarrollo y la producción. Para ello, plantearon la importancia de contemplar recursos presupuestarios para su desarrollo y favorecer su acceso al financiamiento.

En declaraciones a Télam, Aureliano Obregón, de Corrientes, precisó que “se consiguió armar un Registro Nacional de Agricultores Familiares y que los productores pudieran encuadrarse dentro del Monotributo”, y añadió que “también se obtuvieron subsidios de parte del gobierno nacional”. Y reconoció que “todavía falta infraestructura básica, como caminos y agua corriente”.

Por su parte, Roberto Burgos, de la provincia de Buenos Aires, indicó que “hay un acompañamiento del Estado” para con los agricultores familiares, pero señaló que “falta desarrollo”. Para ello consideró que sería necesario avanzar con “una ley de la Agricultura Familiar que diferencie a este sector del resto, para facilitar su acceso al financiamiento, al transporte y a la comercialización”.

“Hay programas estatales que fomentan la agricultura familiar y la hacen visible, pero se nos hace casi inaccesible arrendar o extender la renta sobre la tierra, y no tenemos la capacidad financiera para comprar, con lo cual nos sentimos arrinconados en la posibilidad de expandirnos”, indicó Burgos.

En la misma línea, María Cristina Juárez, de una cooperativa de trabajo de la localidad tucumana de El Sacrificio, destacó que “las políticas nacionales han sido de inclusión”. “Nosotros éramos los excluidos del sector, no estábamos visibilizados, éramos los inviables. Hoy se avizora una esperanza distinta, queda un largo camino por transitar pero al menos estamos siendo visibilizados”, señaló Juárez.

Consideró que “se necesitan políticas, no programas”, y afirmó que “si los beneficios de los que gozan otros sectores llegaran a la agricultura familiar posibilitarían su desarrollo. No estamos pidiendo dádivas, sino posibilidades”.

En tanto, Máxima Pastrana, de la comunidad diaguita calchaquí de Amaicha del Valle, señaló que “la falta de agua corriente imposibilita el desarrollo de agricultura en gran escala”, y subrayó que “no es fácil para las comunidades indígenas” desarrollar la agricultura familiar.

“Falta todavía y hay que seguir peleando. No siempre las poblaciones indígenas tenemos acceso a créditos porque no tenemos tierras para garantizar los préstamos que se nos pueden llegar a otorgar”, remarcó Pastrana, quien evaluó que “las políticas deberían orientarse en ese sentido”.

Por su parte, Clara Argüello, de Chaco, destacó la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar a nivel nacional, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, pero indicó que “hay que armar las políticas que deben aplicarse” para el sector. Remarcó que “para los productores pequeños no hay crédito y los subsidios son insuficientes”, aunque aseguró que “del gobierno nacional uno no se puede quejar”. Sin embargo puntualizó que “el sector recibe migajas en comparación con las grandes explotaciones”, y destacó que “los subsidios son insuficientes para el desarrollo de la familia campesina”.

Paralelamente, Hugo Ortiz, de La Rioja, afirmó que “el gobierno nacional ayudó a que se conformen cooperativas y a que se avance en un camino más organizado”, aunque consideró que “faltan caminos y también falta agua corriente para producir”. De todos modos, subrayó que los agricultores siguen “articulando con el gobierno nacional que nos abrió las puertas, y trabajando conjuntamente para fortalecer al sector”.

Por su lado, Lorenzo Zapata, mapuche de Neuquén, precisó que “la agricultura familiar siempre se desarrolló en la provincia, pero no estaba organizada como ahora”, y remarcó que “ahora la voz del campesinado y de los indígenas está presente en la Mesa Nacional que genera políticas sociales para este sector”.

“Nos está faltando mayor decisión política del Estado para que se marque el espacio del pequeño productor y le lleguen los recursos que necesita. Hoy lo han hecho visible, pero ahora hay que hablar de la producción de un sector que hace soberanía alimentaria”, remarcó Zapata.

A su turno, Alfredo Fernández Riera, de Salta, destacó que en su provincia “hubo mucho conflicto por la tierra”, porque explicó que “se expandió la frontera agropecuaria”. De todos modos, puntualizó que “se logró proteger a los agricultores familiares y frenar los desalojos que se habían iniciado, gracias a una ley provincial única en el país y que ahora se va a empezar a discutir en el Congreso nacional”.

Finalmente, Fernández Riera puso de relieve que “el primero en reconocer a la agricultura familiar fue el gobierno nacional y después vinieron las provincias”, pero indicó que “está faltando alguna Ley de Agricultura Familiar que contemple un presupuesto para su desarrollo”.

Fuente: Edición Rural