Raúl Aruani, gerente de la Asociación de Productores y exportadores de Frutas Frescas, sostiene que hay que declarar la emergencia económica.

Gerencia la organización que nuclea a productores, empacadores y exportadores mendocinos de frutas destinadas al consumo en fresco (Aspeff). Viene advirtiendo sobre la inviabilidad económica de una actividad de la que viven alrededor de 15.000 familias en la provincia, sin contar el 1.850.000 jornales que demanda en labores estacionales.

El Ing. Agr. Raúl Aruani explica las razones de la preocupación de los empresarios del sector y las razones que llevan a la entidad (junto con otras, representativas de un amplio arco productivo de la región) a reclamar acciones inmediatas de los gobiernos nacional y provincial.

-¿Cuál es el panorama de la actividad?

-El sector de frutas frescas atraviesa un estado de falta de competitividad que se acentúa en forma creciente desde 2007.  La situación es crítica para todos los eslabones de la cadena: productores primarios; procesadores-empacadores y exportadores-comercializadores. A punto tal que está en serio riesgo la continuidad de la actividad, en su conjunto, si no aparecen soluciones inmediatas. Por eso nos preocupa la falta de respuestas de las autoridades, con medidas concretas para problemas coyunturales y estructurales. En realidad, los problemas son de todo el espectro productivo. El Gobierno tiene que declarar a la producción en emergencia económica.

-¿Cómo se manifiesta esa situación de crisis del sector?

-En el segmento de la producción primaria, con una marcada retracción de la superficie en producción; ya sea por el abandono de los montes o su erradicación. Aún revirtiéndose la situación, implantar un monte frutal implica una espera de 4 ó 5 años para alcanzar el nivel de producción deseable. Además, nos preocupa el deterioro de las condiciones fitosanitarias de los montes.

-¿Por qué se llegó a este punto?

-Es consecuencia de la falta de rentabilidad de la producción primaria, que ha quedado encerrada en círculo vicioso,  ya que al no haber rentabilidad no hay recursos para mantener y mejorar los volúmenes y la calidad de la producción, entonces,  se agravan los problemas fitosanitarios, se pierde mano de obra intensiva calificada... Mientras tanto, envejecen los productores y la población rural termina migrando a los asentamientos urbanos en busca de nuevas oportunidades laborales, con la consiguiente pérdida de la cultura del trabajo en el campo.

-¿Cómo se refleja esta situación en los galpones de empaque y frigoríficos?

-En primer lugar, limitando el volumen de fruta trabajada a lo que -se supone- será de muy segura comercialización. Además, considerando el nivel de exigencia de los mercados, se aplica un criterio más estricto de selección de la fruta. Esto se traduce en una mayor cantidad de producto sin destino comercial y, por lo tanto, reduce drásticamente el margen de retorno al productor primario. Al mismo tiempo, se restringen las inversiones en empaques y frigoríficos; con la consiguiente pérdida de productividad y dificultades para certificar normas internacionales de calidad. Perdemos presencia en los mercados tradicionales y oportunidades de acceder a mercados emergentes.

-¿Qué factores determinan este deterioro de la rentabilidad?

-Por mencionar algunos: la asimetría entre el valor interno del dólar estadounidense y los precios de los insumos (agroquímicos, salarios, combustibles, envases, etc); el costo de los fletes desde Mendoza hasta el puerto o la frontera, y a los mercados locales de consumo; y las dificultades para entrar con nuestra producción a Brasil, nuestro principal mercado externo. Eso, sin mencionar la falta de legislación laboral que se adecue a las particularidades de nuestra economía.

-¿En qué medida los afectan las nuevas disposiciones en materia de ingreso de divisas?

-Igual que al resto de los sectores productivos de la economía regional. Es necesario que nuestras actividades queden exentas del alcance de la resolución 142 de la AFIP y de la Nº 7 de Aduana. Esta última está referida, fundamentalmente, al valor FOB declarado por el exportador, sobre un precio (de la mercadería) que frecuentemente difiere del que finalmente paga el importador. Esto es así, porque los precios terminan ajustados hacia abajo; en la mayoría de los casos por el deterioro que sufre un producto perecedero como el nuestro. El problema es que, si el cliente pagó menos que lo que indicaba la factura, la diferencia (al momento de ingresar las divisas) tiene que ponerla el exportador de su bolsillo. O sea que pierde por partida doble.

-¿Cómo se resuelve todo  esto?

-Se debe trabajar en la recuperación del apoyo económico nacional a los programas fitosanitarios; en la eliminación de las retenciones y en el aumento de reintegros a las exportaciones; en una rápida devolución del IVA; en la deducción acelerada del Impuesto a las Ganancias de las inversiones de capital; y en la adecuación de las leyes laborales a la realidad de las actividades agrícolas que -como la nuestra- hacen uso intensivo de la mano de obra. También en cuestiones que nos permitan seguir trabajando hoy, como crédito para trabajo e inversión, a tasa y plazo acorde al retorno de actividad, y disponibilidad de combustible, pero a un precio diferencial, para la actividad rural; incluida la excepción a la prohibición de la compra de gas oil en envases de 200 litros.

- Ustedes han expuesto estos problemas a las autoridades…

-Venimos planteando estas preocupaciones desde hace mucho tiempo.

Hace cuatro años que venimos advirtiendo que esta situación iba a llegar, pero yo no sé si es que no se entiende o no se quiere entender… Ahora -a fines de la semana pasada- tuvimos un diálogo informal con el ministro (de Agroindustria y Tecnología) Marcelo Barg, que se comprometió a comenzar a discutir estos problemas en la segunda semana de julio.

Fuente: Los Andes