En el manejo de plaguicidas, Brasil se ha sumado a la tendencia de exigir que sea un Profesional, Ingeniero agrónomo, quien se haga responsable por medio de su recomendación o “receta” del uso que se le dará a un determinado pesticida, incluso a aquellos de etiqueta verde o de menor toxicidad aguda.
Argentina posee similar medida en varias provincias, donde el rol social de las instituciones del estado incluye cubrir las necesidades de acceso a dicha recomendación a pequeños productores.
En Chile, esta situación nuevamente ha sido puesta en palestra por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, ya que Chile goza de una situación incomparable respecto a nuestra profesión a diferencia de una o dos décadas atrás.
Actualmente varias instituciones de educación superior dictan la carrera de Ingeniero Agrónomo o afines por lo que la oferta de profesionales en el rubro se encuentra mucho mejor abordada que en el pasado o incluso que en países vecinos. A su vez, la mayoría de las empresas de venta, fabricación o importación de agroquímicos poseen agrónomos entre sus filas de equipos de venta y/o departamentos técnicos, por lo que esta restricción no debiera afectar directamente los costos del usuario, ya que no habría una variación significativa en los equipos de trabajo.
Además, existen instituciones públicas como Indap en las que la función de asesoría a pequeños productores es abordada, o instituciones privadas como Inia que, por su vinculación con el Ministerio de Agricultura, podrían retomar un rol protagónico en la agroindustria, tal y como ocurre en Argentina, donde el peso que tiene una recomendación brindada por Inta es transversalmente respetada coexistiendo incluso con asesores privados y públicos. Esto ayuda además a revivir el vínculo público y el rol social de algunas instituciones, fomenta la creación de grupos de trabajo en conjunto como los GTT (Grupos de Transferencia Tecnológica) ya que, cuando se requiere un especialista, grupos de productores pueden buscar financiamiento grupal para abordar los costos de esa asesoría.
La limitante aparente a ejecutar esta restricción entonces se justificaría en la venta de retail y de otros distribuidores, donde la venta directa no pasa necesariamente por la recomendación de un profesional sino por la elección directa del consumidor guiada o no por un vendedor usualmente no calificado en diversos aspectos requeridos para una correcta implementación de la aplicación como, por ejemplo, las medidas de seguridad que debiera incurrir el usuario sobre el manejo de plaguicidas.
En cuanto al retail, esta práctica de venta es cuestionada internacionalmente pero no necesariamente regulada y fiscalizada, pues existen objeciones más bien comerciales a implementar esta restricción.
Les planteo la siguiente pregunta. Si por un lado buscamos regular por ejemplo la venta de medicamentos por su alto riesgo de toxicidad al ser humano, ¿no debiera entonces regir lo mismo para regular la venta de un plaguicida (etiqueta verde o no; orgánico o de síntesis química) dado que un uso inadecuado podría poner incluso en riesgo la vida de toda una población? Si las farmacias actualmente deben tener un químico farmacéutico de turno, ¿no debiera entonces, aplicarse lo mismo para los distribuidores de plaguicidas? Así como exigimos a un médico informarnos de la dosis, frecuencia y formulación recomendada, ¿no es también un rol que debiéramos ejercer profesionales del rubro agrícola, involucrándonos también en capacitar sobre el uso seguro de plaguicidas?
En lo personal considero que no tiene sentido que en Chile, país exportador de alimentos líder en Latinoamérica, se mantenga una normativa permisiva que permita por ejemplo, sin mayor trazabilidad, comprar productos vía internet o en un supermercado de venta libre, pesticidas formulados que contienen ingredientes activos de amplio espectro como el neurotóxico diazinon; o el cuestionado herbicida glifosato.
Ante los crecientes caso de demandas internacionales sobre el uso de este último producto mencionado y su supuesta vinculación con casos de desarrollo de cáncer, ¿no debiera ser obligación que exista alguien calificado que advierta antes de su uso sobre las precauciones a tomar para un manejo seguro? ¿Qué ocurre, además, con los envases vacíos de esos plaguicidas, una vez que el usuario los termina de utilizar?
Si realmente es el rol social, la preocupación del impacto que puede tener en la regulación de precios hacia el usuario final lo más importante, ¿no debiera estar ello por bajo la prioridad de proteger la salud humana, tal y cómo ocurre con los medicamentos? No podemos como país exportador de fruta sólo preocuparnos de cumplir con las Buenas Prácticas Agrícolas, límites máximos de residuos y otras regulaciones sólo para aquello que destinamos al exterior.
Debe importarnos como país que para un pequeño productor de hortalizas o cereales que usualmente compra en un distribuidor informal, o para un jardinero o un usuario común que compra en un supermercado un pesticida para utilizar en las plantas de su casa, el no tener una instrucción guiada del uso adecuado de ese plaguicida puede ser tanto o más riesgoso para él (y quienes consuman sus productos, vivan en cercanía de su chacra o compartan causes de agua por ejemplo) que si en cualquier quiosco pudiésemos acceder a armas y balas sin registro.
Nuestro Servicio Agrícola y Ganadero tiene una de las normas más estrictas para regular el registro de plaguicidas de uso agrícola, pero se espera que varios aspectos, en especial los de seguridad de dicha norma sean consecuente con el reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico, situación que hoy no ocurre.
Chile, como país exportador, debe estar a la altura de la situación actual, dando un primer paso de muchos, como es restablecer el rol de un profesional del agro en la recomendación integral del uso de plaguicidas, sumándose a la tendencia de responsabilidad profesional ejemplificada en el caso de Brasil.
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