Por el Comité Argentino de Arándanos (ABC).
En todo el país, en esta temporada de arándanos se aplica un sistema que involucra a cosecheros, contratistas, productores, municipios y sindicatos. Buscan instalar en las comunidades productivas las normativas de protección de niños, niñas y adolescentes. El uso de una app permite la detección temprana de menores en los colectivos y activar un protocolo de atención.
Argentina es un país ejemplar en cuanto a responsabilidad social, con leyes que protegen a los trabajadores en un mundo cada vez más competitivo donde muchas veces no se valora adecuadamente el trabajo digno y solo se determina una compra priorizando la variable costo.
En 2015, el país asumió los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU, entre los que se encuentran el trabajo decente y la erradicación del trabajo infantil. Además de adherir a estos lineamientos internacionales y promover una producción basada en el triple impacto, a nivel local el Comité Argentino de Arándanos – ABC- forma también parte de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil y se rige por el Plan Nacional para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.
En línea con esos compromisos, este sector productivo de Argentina apuesta a presentar un producto con altísimos estándares de calidad, los que se ven reflejados en las certificaciones de buenas prácticas agrícolas y sociales a las que el sector suscribe.
La estrategia de diferenciación del arándano argentino está centrada en tres pilares: el sabor, la producción orgánica y el trabajo responsable.
La cosecha de arándanos comenzó fuerte en octubre y se espera que concluya a principios de enero. Si bien la producción 2020 se ubicará en niveles similares a años anteriores, el sector no es ajeno al impacto social que la pandemia genera en el país: aumento de la pobreza, mayor desempleo e informalidad, y la desprotección de las poblaciones vulnerables.
Desde hace más de un año, el Comité Argentino de Arándanos (ABC) -del que APAMA forma parte- junto a Desarrollo y Autogestión (DYA), ONG especializada en prevención y erradicación del trabajo infantil, vienen trabajando para implementar en los campos un “sistema de cumplimiento social” voluntario: una serie de acciones de prevención, protocolos de monitoreo y de atención para evitar que las necesidades se traduzcan en trabajo infantil y para fomentar la educación de niños, niñas y adolescentes.
Tucumán y Entre Ríos son las dos zonas productivas que se sumaron al proyecto PAR (Producción Agrícola Responsable) con el pilotaje del sistema en 3 empresas: PDJ, KINGBERRY y EXTRABERRIES. El modelo promueve la producción responsable y refuerza los servicios comunitarios de educación y salud, por lo que cuenta con el compromiso de los gobiernos provinciales y municipales, del Ministerio de Trabajo de la Nación y de UATRE y RENATRE.
Para la prevención, ya se dictaron talleres de capacitación y se activaron campañas de comunicación en los territorios con piezas gráficas y redes sociales.
Para el monitoreo, se desarrolló una app exclusiva que tanto contratistas, responsables de campos y productores tienen en sus dispositivos para detectar, alertar y atender posibles situaciones en las que algún menor intente ingresar a un campo productivo. Esta app dispara una alerta a las áreas de servicio social de las comunidades para atender el caso.
Y para la atención, se acordaron alianzas con fundaciones, empresas y sindicatos para realizar acciones de RSE como puntos educativos digitales, la construcción de centros de cuidado en las comunidades rurales, talleres de formación ocupacional para adolescentes, entre otras.
“Desde el ABC venimos trabajando en el desarrollo y ejecución de una estrategia social nacional. El diseño de este Sistema de Cumplimiento Social es un eslabón clave en nuestra estrategia y pone el eje en los trabajadores y sus familias. Estamos convencidos de que la prevención y sensibilización del trabajo infantil solo se logra trabajando de manera mancomunada a nivel nacional, provincial y municipal. Nuestra prioridad es promocionar la educación y el trabajo decente y eso es lo que estamos haciendo”, explicó Federico Bayá, presidente del ABC.
“En tiempos de pandemia, prevenir el trabajo infantil en cadenas productivas nos llevó a generar nuevas estrategias de cuidado y protección y ajustar el modelo a una realidad mucho más compleja. Ante un escenario como el actual, donde hay mayor probabilidad de incidencia del trabajo infantil es vital la articulación entre el sector público y privado para efectivamente llegar a las familias con una red sólida de servicios educativos y de salud”, reflexionó por su parte Maró Guerrero, directora de DyA. -
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