De esta manera, el fisco se evitó de pagar una alta suma de más de $39 mil millones, a la fecha actual con intereses y reajustes, que se solicitaba como indemnización por los pagos efectuados entre los años 2004 a 2008.

El máximo tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, rechazando definitivamente las demandas principales y subsidiarias de restitución de lo supuestamente pagado en exceso como pago de lo no debido.

Los exportadores habían demandado en un comienzo por una cuantía superior de más de $59 mil millones, la que a la fecha de hoy correspondería a cerca de $89 mil millones, pero se desistieron luego de fallo del Tribunal Constitucional. El organismo sostuvo en su sentencia del 3 agosto de 2010 que las normas legales que facultan a los Ministerios de Agricultura y Hacienda para fijar esas tarifas no producen efectos inconstitucionales, puesto que no se trata de tributos sino de tarifas o precios que se sufragan por la prestación de un servicio, esto es la inspección y certificación fitosanitaria que realiza el SAG y permite las exportaciones de ese tipo de productos.

La causa fue llevada por el Comité Contencioso Administrativo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y alegada en Corte de Apelaciones y Corte Suprema por su presidenta y consejera, María Eugenia Manud.

"En su sentencia, la Corte Suprema reconoció los argumentos que el CDE sostuvo ante distintos tribunales y que, tras el fallo, evitaron que el fisco debiera distraer alrededor de cuarenta mil millones de pesos para el pago de obligaciones desvinculadas de las necesidades concretas del país y de sus ciudadanos", aseguró Juan Ignacio Piña, presidente del CDE.

FALLO

Al interior del CDE el fallo fue considerado como relevante por el monto ahorrado para el fisco.

Fuente: Economía y Negocios - El Mercurio