Chile: TC da la razón al SAG en disputa contra exportadores de fruta

Agricultores continúan diferendo en tribunales ordinarios.  

El Tribunal Constitucional (TC) decidió darle la razón al Consejo de Defensa del Estado -en representación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)- en una demanda presentada por un grupo de 160 exportadores de frutas, que alegaban inconstitucionalidad en los cobros aplicados por el organismo para entregar certificados de inspección y certificación fitosanitaria.

Mediante el recurso de inaplicabilidad, los demandantes buscaban que el TC respaldara su posición respecto de que dichas tarifas constituían un impuesto o tributo, monto que, por tanto, debía ser regulado por ley y no por un decreto supremo. El monto, sostenían, era arbitrario.

En el Consejo de Defensa del Estado señalan que el fallo del TC sentenció que además de no constituir un tributo, dicho cobro es perfectamente constitucional y que no es efectivo que exista libertad para la fijación de la tarifa.

La abogada consejera María Eugenia Manaud subrayó que "el fallo unánime del TC reconoce la legalidad y juridicidad de la actuación de la Administración, en relación con los cobros tarifarios que efectúa el SAG, por la prestación de un servicio concreto de análisis, inspección y otorgamiento de certificados fitosanitarios, el que realiza a requerimiento de los productores y exportadores, y que les posibilita el comercio internacional de sus productos", sostiene. De no mediar tal actuación, añade, "no podrían efectuarlo, dado que se trata de una exigencia que deriva de tratados internacionales que gobiernan el intercambio comercial en el mundo".

Exportadores

El abogado de las firmas requirentes, Germán Concha, del estudio Schweitzer y Cía., explica que el procedimiento que acaba de resolver el TC es accesorio al reclamo principal presentado por los exportadores. "La sentencia resolvió que no era un tributo. Esa decisión no afecta el fondo de lo planteado, ya que éste debe ser resuelto por la justicia en un juicio que está en actual tramitación. Es ahí donde hay que resolver si es que los cobros esta bien o mal formulados", señala el abogado.

Efectivamente, las empresas demandaron al fisco y al SAG en tribunales ordinarios, en diciembre del 2009, por un monto cercano a los US$ 108 millones.

Fuente: El Mercurio

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