De ser desfavorable la resolución judicial para los regantes del río Mapocho, se marcará un negativo precedente a nivel nacional para la industria frutícola del país, señala Ronald Bown, presidente de Asoex.

Ante una consulta periodística, el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG, Asoex, Ronald Bown Fernández, manifestó su preocupación por la venta de aguas servidas tratadas por parte de las empresas sanitarias, lo que a su juicio en el mediano plazo será un problema para el país por su fuerte impacto en el crecimiento urbano, el medio ambiente y la viabilidad especialmente para la pequeña  y mediada agricultura  que utiliza el agua de riego para sus procesos productivos.

La intención de las empresas sanitarias -interpretando la Ley General de Servicios Sanitarios-, de vender las aguas servidas tratadas, se traducirá en que miles de hectáreas de plantaciones agrícolas que se hoy producen con agua canalizada para riego, dejarán de contar con este recurso. De perseverar este modelo, señala Bown, “los más perjudicados serán los medianos y pequeños agricultores que no podrán competir por este recurso con sectores de mayores ingresos económicos como la minería, lo que significará un negativo impacto en la actividad, ya que no cuentan con la situación económica para programar soluciones como la construcción de pozos profundos, generando de esta forma otro factor que afectara negativamente la competitividad del sector, lo cual se sumaría al alza del costo de la energía, el bajo valor del dólar, el alza del costos de los insumos, entre otros”.

“Esta situación tendría un importante negativo impacto en la actividad agrícola de los pequeños agricultores y sin duda, no sólo la fruticultura sino que toda la agricultura nacional se verá afectada. Actualmente quienes tienen la controversia son los regantes del río Mapocho, pero en caso de que la resolución sea desfavorable, se marcará un precedente para todo el país”, indica Bown.

Juicio pendiente

A raíz de una serie de consultas realizadas por las empresas sanitarias post privatización respecto del destino final de las aguas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) publicó 4 oficios con fecha 3 de octubre de 1995 (oficio 1422), 18 de agosto de 1996 (oficio 587), 22 de marzo de 1999 (oficio 767) y 24 de enero de 2002 (oficio 196). En éstos, el organismo fiscalizador declara que las concesionarias (empresas reguladas y fiscalizadas por la SISS) que tratan las aguas pueden disponer de éstas y no se les obliga a restituirlas al cauce natural.

Al percatarse de esta situación, la Junta de vigilancia del Río Mapocho y la Confederación de Canalistas de Chile, presentaron una demanda en contra de la SISS aludiendo a que este organismo carece de facultades para liberar a los prestadores de servicios de la obligación de descargar las aguas tratadas a los cauces naturales.

El presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, Fernando Peralta, explica que “si la empresa sanitaria que presta el servicio de tratamiento se apropiara de las aguas, afectaría directamente los derechos de agua superficial de todos los canales del río Mapocho en las secciones 2ª, 3ª y 4ª, desde Rinconada de Maipú hasta Melipilla con el consiguiente perjuicio económico y social de todas las comunas involucradas como Maipú, Curacaví, María Pinto, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla”. Según el dirigente, la decisión comprometería a zonas de más de 60.000 hectáreas de riego con un gran porcentaje de pequeños y medianos agricultores.

En la actualidad, el juicio se encuentra pendiente en la Corte Suprema de Justicia, pese a que las partes han trabajado para establecer un acuerdo que finalice la controversia y, así suspender el juicio, una de las empresas sanitarias reguladas por el SISS y de la que el Estado es dueño de una parte, se opuso a la suspensión.

Sobre la definición pendiente, el presidente de la Junta de Vigilancia de la 3ª sección del río Mapocho, Alejandro González, señaló: “Esperamos que la justicia revoque aquellas resoluciones de la Superintendencia para que los efluentes de las plantas de tratamiento no tengan la calidad de derrame, sino que éstos se devuelvan tal como dice el decreto de asignación en los puntos del Río Mapocho que correspondan”.

A su vez, el representante de los canalistas, Fernando Peralta, comentó: “Una resolución desfavorable es un precedente que se puede reproducir en cualquier parte de Chile. Pretender que la empresa sanitaria que realiza el servicio de limpieza de las aguas servidas, es dueña de esta agua mientras no las descarga en un cauce público, es completamente contrario a su razón de ser, de su cometido de servicio público y de cumplir con el fin del tratamiento que es devolverla limpia al cauce público”.

Fuente: Asoex