Evalúan al Indicador Mínimo de Trabajadores que ya rige en 36 actividades del país como inequitativo e inaplicable en un ciclo agrícola. Planteos a legisladores y el Gobierno.

Un grupo de dirigentes del sector primario pasaron ayer por la Legislatura con un planteo concreto, e incluso pidieron la urgente intervención del Gobierno, ante la entrada en vigencia de un nuevo control de AFIP en base al denominado IMT (Indicador Mínimo de Trabajadores), un valor que determina por actividad el número de empleados requeridos para funcionar y, por ende, motoriza la presunción de empleo informal.

Si bien no cuestionan el propósito, se resisten a exigencias que consideran inaplicables por costos y rentabilidad de la actividad frutihortícola de Mendoza.

Desigual e inviable. Dos de las definiciones que fundamentan los reclamos sobre el nuevo sistema que, luego de un relevamiento y en base a los cálculos de la demanda laboral por rubro, el ente recaudador condensó desde agosto en la Resolución n° 3152.

Ésta habilita la aplicación del IMT a 36 actividades de todo el país, entre ellas la producción de frutas de pepita y durazno, junto a otras como la hotelería, comercios, supermercados y estaciones de servicio.

La 3152, firmada por el director de AFIP, Ricardo Echegaray, establece una relación entre número de empleados y superficie como parámetro para la producción frutícola, con algunos matices según tipo de cultivo.

Por ejemplo, el IMT admitido en pera y manzana es de un trabajador mensual para fincas de 1 a 50 hectáreas, que asciende a cinco mensuales si se trata de durazno. Cuando la superficie es mayor, la AFIP contempla que se necesita un trabajador adicional cada 9,5 hectáreas.

Permanentes y temporarios

Pero para presumir empleo informal el ente toma otras medidas, según se trate de trabajadores estables o temporarios, cuestión lógicamente atada a cada etapa del ciclo agrícola. En el caso de poda, raleo y cosecha, fija un mínimo de 27,5 jornales por hectárea, 16,5 jornales y 0,92 por tonelada y por hectárea, respectivamente. Para el sector duraznero, los valores cambian: 16,9 jornales, 8,4 y 1,25, sin contar con los indicadores para empaque.

Ahí está, precisamente, el corazón de las protestas; los productores dicen que resulta inaplicable generalizarla, debido al mayor o menor nivel de tecnificación de las fincas y en definitiva, por sus finanzas.

Ayer por la mañana, algunos dirigentes encabezados por Mario Leiva, de la Sociedad Rural de Valle de Uco, llevaron su preocupación a legisladores para exponer ésa situación sobre todo en cuanto a la época de labores culturales. Otras entidades, como la Asociación de Productores de Durazno, esperan respuestas del Gobierno local.

"Es inviable"

Así define Daniel Nieto, titular de la Asociación y de la Federación Plan Estratégico Durazno para Industria,"porque hay fincas más mecanizadas y requieren menos gente para trabajar. No sabemos si la idea del Gobierno nacional es bajar el índice de desempleo, pero que no sea a costa del agro; estamos muy justos con los costos, incluso para exportar. Está claro que no discriminan ni consideran las diferentes situaciones de las economías regionales".

Por su parte, Sergio Moralejo, presidente de la Comisión de Economía del Senado, anticipó que se convocará al subsecretario de Programación Agroalimentaria, Raúl Millán, para analizar acciones conjuntas. "Es la primera medida, pero tambien hay que partir de la realidad de Mendoza, para lo que se necesitará que el IDR aporte información sobre los índices estimados por actividad", señaló.

Fuente:Los Andes