Explica SAGARPA a los integrantes de la AMSDA su operación y alcance con un presupuesto federal de mil 41 millones de pesos en concurrencia con las entidades federativas.

Las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su diagnóstico de Extensionismo Rural, presentado a solicitud del Gobierno de México este año, de gran ayuda para el trazo de objetivos.

Para detonar la productividad y la competitividad del sector agropecuario y pesquero, este año se trabaja un esquema de Extensionismo Rural que a diferencia de los anteriores (manejados por las dependencias de gobierno)  se vincula con las universidades y centros de investigación; la asistencia técnica es implementada a través de prestadores de servicios que formulan proyectos, gestionan acceso a recursos, dan asesoría técnica, capacitan y operan ofertas comerciales.

Ante los integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), el Subsecretario de Desarrollo Rural, Ignacio Rivera Rodríguez, destacó que en 2011 se creó el Componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con un presupuesto federal de mil 41 millones de pesos en concurrencia con las entidades federativas, con una meta para impactar alrededor de 250 mil productores.

Subrayó que este nuevo esquema de capacitación y desarrollo reconoce la prioridad de invertir en capital humano y social de la población rural, para lo cual se transitó hacia la sociedad y economía del conocimiento y se renueva en México el concepto de las universidades como ejecutoras del extensionismo.

“Una Sociedad del Conocimiento es aquella capaz de generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así construir un mejor futuro”, subrayó el funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Detalló que las universidades prestan directamente el servicio de extensión, innovaciones tecnológicas y metodológicas para la aplicación de los productores en sus unidades de producción, para lo cual se orienta el 36 por ciento del presupuesto comprometido.

Los servicios de asistencia técnica son proporcionados por alrededor de siete mil profesionales seleccionados por los productores de una red con más de 24 mil  prestadores de servicios registrados. Este servicio se apoya con el 64 por ciento del recurso, aseguró.

Estos actores, dijo, junto con los Centros Estatales de Capacitación y Seguimiento a la Calidad de los Servicios Profesionales, las Unidades Técnicas Especializadas, la Red de Desarrollo Territorial y otros agentes, más los productores y sus organizaciones, conforman la Red de Innovación y Extensionismo Rural.

Agregó que para impulsar el nuevo sistema de extensionismo, las entidades federativas han asignado recursos en la ejecución: 116 millones de pesos para que docentes e investigadores de las universidades presten servicios de extensionismo, asistencia técnica y capacitación a productores rurales.

Otros 164 millones de pesos son canalizados para los convenios con universidades que fungen como Centros Estales de Capacitación y Seguimiento a la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS), capacitando, acreditando y certificando competencia de los Prestadores de Servicios Profesionales (PSP).

Además,  95 millones de pesos se destinan para que universidades y centros de investigación se desempeñen como unidades técnicas especializadas, generando estrategias, tecnologías y metodologías especializadas para el desarrollo del sector.

Recomendaciones de OCDE ayudan a recuperar el extensionismo en México

Ante los representantes de la AMSDA, Ignacio Rivera señaló que fueron de importante ayuda las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su diagnóstico de extensionismo rural presentado a solicitud del Gobierno de México este año.

Entre sus observaciones destaca la creación de un Consejo Nacional para la Innovación Agrícola que vincule y propicie la interacción institucional, así como el enfoque de dos vías y servicios diferenciados para responder a la mitigación de la pobreza mediante un extensionismo municipal y el aumento de la productividad y competitividad.

Igualmente, recomienda que las entidades estatales y locales asuman la responsabilidad de la administración y ejecución de las actividades de extensión, y que  los recursos federales fluyan a través de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones PRODUCE (COFUPRO)  directo a las propias fundaciones, las que  serían responsables de organizar los servicios de extensión a nivel local para los productores.

Fuente: Sagarpa