El primer plazo pactado entre el gobierno y los gremios portuarios terminó. Transcurridos los cuatro meses acordados para revisar en conjunto las seis medidas de la Agenda Impulso Competitivo que tuvieron al país al borde de un paro portuario en julio, ambas partes preparan sus propuestas para una nueva fase de negociación en las próximas semanas.

"En estos meses demostramos técnicamente que las propuestas del gobierno atentan contra el desarrollo regional y centralismo en Santiago", dijo José Egido, vocero de la Coordinadora en Defensa de las Ciudades Puerto, formada por los nueve gremios que se opusieron a las medidas.

En la mesa de trabajo, donde también participaron representantes de los ministerios de Transporte y Economía, los gremios ratificaron su negativa, aunque se abrieron a la posibilidad de que algunas iniciativas se replanteen. "Estamos de acuerdo con el espíritu de algunas medidas", reconoció Egido.

En el caso de Aduanas, los gremios coinciden en la necesidad de modernizar, pero no mediante la autorización de operadores intermediarios. Lo que proponen, en cambio, es que se aumente la dotación de personal con el fin de agilizar los procesos y fortalecer la fiscalización.

Para el ministro de Economía, Pablo Longueira, el congelamiento de las seis medidas fue fruto de "intereses corporativos". Pese a ello, afirma que en base al trabajo realizado durante estos meses, su cartera ya se encuentra trabajando en opciones para reemplazar los puntos en cuestión.

"A lo mejor el resultado de los seis temas no será exactamente igual al planteado originalmente. En todos los puntos hay caminos alternativos", comentó. Y aunque destaca que Economía encargó estudios para analizar el tema, reconoce que el conflicto no será fácil de resolver, lo que podría ocurrir recién en 2012.

Nuevas demandas

En la nueva fase de conversaciones, los gremios portuarios llevarán, además, otros puntos al debate. "Los lomos de toro en los que se ve envuelta la cadena de importación y exportación en Chile se deben a la falencia de una ley de puertos y una ley de transporte. Basta de normas técnicas", indicó Egido.

A juicio de los gremios, la ley de puertos debería definir claramente el desarrollo de la actividad portuaria. Además, solicitarán que los impuestos que se cancelan por actividad portuaria se queden en la zona y no se distribuyan a través del gobierno central.

Fuente: La Tercera