Hacia la transparencia frutícolaUn proyecto del bloque del MPN en el Congreso propone la obligatoriedad de contratos fiscalizados por una comisión integrada por Neuquén y Río Negro. Ofrece beneficios para empresas que se acojan a esos mecanismos y establece un complejo proceso de determinación de precios, que incluye una suerte de paritaria sectorial para definir valores.

El bloque del Movimiento Popular Neuquino en la Cámara de Diputados en conjunto con el senador de ese partido, Horacio Lores, presentaron un proyecto de ley de transparencia frutícola para Río Negro y Neuquén, que otorga beneficio a las empresas que se acojan a los contratos y contempla mecanismos para establecer precios acordes tanto para productores como para las empresas exportadoras.
Se trata de un tema central para el sector, donde uno de los puntos donde más tercia la relación de fuerzas es, precisamente, la venta de fruta a los empaques. De hecho, la mayoría de las transacciones no tiene precio cierto definido, con lo cual son las empresas las que terminan definiendo cuánto pagar y qué porcentaje va a descarte.
El proyecto se inspira en la conocida como ley PACA, que rige desde 1930 en Estados Unidos y que tiene como finalidad garantizar condiciones de precios a los productores.
Según pudo saber E&E, la provincia de Río Negro trabaja en un marco legal similar, pero dentro de su territorio. Desde el vecino distrito creen que un marco nacional como este tiene pocas chances de prosperar, por lo que adelantan trabajo para una eventual puesta en marcha local.
Barreras
La idea del proyecto del MPN es poder definir un precio y obligar a la elaboración de un contrato al cual pueda acceder el Estado. Esto implica romper no sólo una barrera económica sino una cultural, porque muchos productores son reticentes a entregar esta información.
“Se trata de crear las condiciones necesarias para proteger al eslabón más débil de la contratación de este tipo de frutas, el productor, permitiendo brindar transparencia a la cadena de valor que representa este negocio”, aseguró la diputada Alicia Comelli. “Entendemos la actividad del Estado a través de reglas que permitan el desarrollo de una sana competencia, reconociendo las asimetrías que representa las desigualdades de la negociación empresarial”.
Con la intención de crear estímulos destinados a dar prioridad a la transparencia de la contratación, el proyecto contempla la eliminación del cobro de derechos a la exportación para quienes acrediten contratos conforme a los requisitos establecidos en la mismo. “Así se promueve aumentar la competitividad del sector en toda la cadena de valor, dotando de seguridad jurídica las transacciones que realizan los productores primarios”, señaló Comelli.
La diputada, autora del proyecto, destacó el aporte que recibió de parte de las distintas cámaras de productores, la Subsecretaría de Producción y el Centro Pyme de Neuquén.
La intención, sostuvo, es “atemperar los procesos de integración y concentración económica del sector productivo, a los efectos de lograr un mercado más equitativo y que propenda a una verdadera redistribución de la riqueza”.
Sintonía fina
Dentro de los principales puntos de la ley de transparencia del MPN se incluye la creación de un registro de comercializadores de Neuquén y Río Negro a cargo de un ente interjurisdiccional, que será autoridad de aplicación.
En cuanto al contrato de compraventa se establece que deberá contener un precio determinado o determinable, la fecha de pago y el porcentaje máximo de fruta destinada a industria. Uno de los cambios más complejos está establecido en el artículo 9º que reseña que “las partes del contrato podrán establecer en el mismo que la propiedad de los productos agrícolas  se mantendrá en poder de ese comerciante en propiedad fiduciaria como patrimonio de afectación, siendo beneficiarios los productores, vendedores de esos productos o agentes participantes en la transacción que no hayan recibido el pago en su calidad de fiduciantes, hasta que las sumas debidas en relación con esas transacciones hayan sido abonadas totalmente”. “La propiedad fiduciaria subsiste hasta la cancelación de la deuda a satisfacción del acreedor”, reseña el proyecto.
Precios
En caso de no definirse los precios de la fruta, se propone una negociación colectiva para la determinación de los mismos. El ente iterjurisdiccional convocará a las partes a una suerte de paritaria abierta en la que se buscará de común acuerdo definir los precios de la fruta para esa temporada. La idea es crear una comisión que analice los costos, intercambie información y arribe a un valor testigo. De no ocurrir, serán las propias provincias a través del ente las encargadas de definir ese número.
Beneficios
La ley establece a su vez una serie de beneficios impositivos para las empresas que se acojan a este tipo de contrato.
“La exportación de frutas frescas pomáceas producidas en las Provincias de Río Negro y Neuquén estará exenta del cobro de impuestos a la exportación, respecto de aquellos sujetos que acompañen en su declaración aduanera  el contrato comercial mediante el cual el comerciante recibió la fruta por parte del productor, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente ley”, aclara en un artículo.
También condiciona los reintegros impositivos a “la previa constatación por parte de la Administración Nacional de Aduanas de la existencia del contrato comercial”.
Argumentos
Son interesantes los argumentos que pone la ley para impulsar estos cambios. El proyecto de Comelli sostiene allí que al Estado no le cabe sólo la actividad de fomento o impositiva, sino que debe intervenir en el mercado “a través de reglas que permitan el desarrollo de una sana competencia, reconociendo las asimetrías que representa las desigualdades de la negociación empresarial”.
“Por esta razón, corresponde articular un régimen legal que permita, la intervención del Estado, para proteger al productor primario de esta economía regional, evitando los abusos imperantes en materia de contratación”, señala el proyecto.

Fuente: La Mañana Nequén