Con la normativa de servicios portuarios, que rige desde el 12 de abril, las empresas y personas naturales involucradas en este negocio tendrán de 6 meses hasta 1 año para ajustarse a las nuevas disposiciones que serán reguladas a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo.

El periodo más corto, cuyo plazo vence en seis meses, está dirigido a personas naturales que actualmente cuentan con una autorización como operador portuario. Este grupo deberá regularizar su situación debido a que con la nueva normativa solo se emitirán matrículas de operadores portuarios a personas jurídicas (compañías).

Allí se encuentran, por ejemplo, los estibadores que brindan sus servicios de acomodación o desmovilización de carga en los puertos de manera independiente y que no están en una relación de dependencia en una empresa. Ahora ellos deberán estar en una empresa para seguir prestando sus servicios.

Walter Segovia, subsecretario de Puertos, explicó que con esa medida contemplada en una disposición transitoria de la normativa se busca formalizar el sector, porque en algunos puertos las personas esperan en las afueras de las terminales para ser contratadas.

“No buscamos quitar el trabajo (a los estibadores), sino que exista una formalidad, una empresa en la prestación del servicio”, dijo Segovia.

Rodrigo Tumbaco, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimo, Portuarios y Afines del Ecuador, que en los últimos meses pidió al Gobierno que cese la intermediación laboral en la contratación de estibadores, sostuvo que ellos mantienen proyectos de microempresas para que se los contrate a través de estas. Pero indicó que los puertos no contratan sus servicios por medio de estas. Además, dijo que en la década del noventa se intentó realizar algo similar.

La nueva normativa también fija plazos mayores para que los operadores portuarios puedan capacitarse y obtener certificaciones que avalen la calidad de los servicios técnicos y sus sistema de seguridad. Así, se fijan 270 días para que los operadores se certifiquen por medio de una empresa especializada en procedimientos de gestión de calidad para los servicios técnicos que se determinan en la normativa.

Segovia aseveró que también hay un plazo de 365 días para que los Operadores Portuarios de Carga (OPC) adquieran una certificación BASC. Este es un programa que acredita a las empresas que promueven la seguridad y la lucha contra el contrabando de drogas.

El funcionario estimó que ese tiempo es factible para que una empresa pueda obtener ese tipo de certificación.

Ricardo Valero, presidente de la Comisión de Aduana de la Cámara de Comercio, consideró que para asesorarse y capacitarse en normas de calidad y seguridad un año podría ser un periodo corto y “más aún cuando son este tipo de servicios que involucran a diversos usuarios a nivel general y que enmarcan a diferentes tipos de operadores, pero habrá que ver cuántos deberán cumplir”.

Sin embargo, Valero afirmó que la nueva normativa deja más en claro las responsabilidades de la empresa privada con respecto a la prestación de servicios públicos.

Iliana González, directora ejecutiva de la Asociación de Terminales Privadas del Ecuador, gremio que aglutina a los principales puertos particulares, indicó que ellos están “trabajando en línea con las autoridades con el propósito de hacer más eficiente el comercio exterior ecuatoriano”.

El mercado
Matrícula: La Subsecretaría de Puertos será la encargada de emitir las matrículas a las personas jurídicas interesadas en prestar servicios portuarios.

Valor: La lista de precios de los servicios que presten los operadores deberá ser publicada anualmente.

Fuente: El Universo