Por Andrés Gatica Gutiérrez, abogado Araya & Cía, especialista en Derecho Laboral

El desafío para los diferentes actores del sector agrícola debiese apuntar a sostener la política de consenso llevada a la fecha de forma ejemplar, velando porque las reformas, especialmente en materia de derechos colectivos, no afecten la continuidad productiva de un sector que cuenta con elementos tan propios como son la temporada, el clima y la escasez de mano de obra especializada.

Hace algunas semanas, tuve la oportunidad de asistir a un seminario sobre las Reformas Laborales que se aproximan, organizado por la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (ASOEX). Dentro de los expositores se encontraba la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, de quien se esperaba esbozara algunas ideas que permitieran anticipar el contenido del paquete de reformas laborales que el Gobierno ya ha anunciado.

La Ministra del Trabajo señaló que la agenda laboral del Gobierno gira en torno a tres grandes ejes: el fomento del empleo y el incremento de la participación laboral de los sectores a quienes les cuesta más encontrar un trabajo, es decir, las mujeres y los jóvenes; el fortalecimiento de la capacitación y el desarrollo de competencias laborales; y el desarrollo de una reforma en materia de derechos colectivos del trabajo.

Considerando que hace más de cuatro años se encuentra ingresado en el Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo –actualmente con suma urgencia-, la instancia organizada por la ASOEX sugería que las palabras de la Ministra debían ser escuchadas con suficiente atención, a fin de poder dilucidar, a lo menos, dos cuestiones: en primer lugar, si el proyecto que está siendo conocido por el ente legislativo guarda relación con la esencia de la próxima reforma y, en segundo lugar, qué impacto podrían traer las reformas laborales en el mencionado proyecto y en el sector agrícola mismo. De los tres ejes, pareciera ser que el vinculado a los derechos colectivos, resulta ser el más relevante para responder a estas inquietudes.

La Ministra Blanco trajo a colación un diagnóstico en el que existe bastante consenso: la existencia de una debilidad estructural en la materia, toda vez que el actual procedimiento de negociación colectiva es excesivamente formalizado, limitando las opciones de diálogo directo entre las partes y haciendo las formas sobre la sustancia. Luego, el futuro proyecto de reforma en la materia probablemente avanzará hacia un nuevo proceso de negociación, en que se otorgue suficiente autonomía a las partes para que puedan acordar la forma en que se desarrollará la negociación, una ampliación de las materias a negociar, con mecanismos que permitan garantizar que el proceso se lleve a cabo en marco del principio de buena fe.

Con todo, la Ministra del Trabajo planteó la necesidad de que las reformas laborales consideren las cualidades específicas de cada sector productivo, cuya normativa se ajuste a sus particularidades. Sin embargo, también fue clara en señalar que el actual proyecto de ley que conoce el Congreso, si bien representa un avance, no satisface adecuadamente las necesidades del sector agrícola de temporada y no cuenta con el respaldo social y político suficiente, especialmente en lo que se refiere a las condiciones de salud y seguridad en el trabajo que deben regir en este sector y en lo concerniente a los derechos colectivos.

Así, por ejemplo, se señaló que en materia de titularidad sindical, los pactos de adaptabilidad o rebaja de los mínimos legales no pueden ser suscritos por grupos autorizados individualmente por los trabajadores, toda vez que se trata de tipos de acuerdos que deben ser pactados por sindicatos, siendo en muchas legislaciones autorizados sólo para los sindicatos más representativos.

Desde el Gobierno se ha planteado que la reforma laboral debe apuntar a construir, en primer lugar, una legislación que favorezca las relaciones colectivas de trabajo, amplíe la protección laboral y social para los trabajadores agrícolas de temporada, y desincentive la informalidad y el empleo precario. Por otro lado, debe centrar el foco de la propuesta en los trabajadores agrícolas de temporada y no en otros sectores productivos o en trabajadores permanentes.

Así las cosas, y volviendo a las inquietudes planteadas al comienzo, los vientos de cambio que se vienen con las reformas laborales pareciera ser que actuarán como un tifón sobre las propuestas en materia de derechos colectivos del actual proyecto que se conoce en el Congreso, dando pie a un nuevo escenario en que, con las particularidades propias del sector agrícola, se garanticen sindicatos robustos, con la posibilidad de participar en una negociación colectiva desformalizada, con una baraja extensa de materias a negociar y, por supuesto, garantizando la huelga con las modalidades propias del sector, pero sin que signifique un menoscabo al derecho libertad sindical.

En suma, el desafío para los diferentes actores del sector agrícola, debiese apuntar a sostener la política de consenso llevada a la fecha de forma ejemplar, velando porque las reformas, especialmente en materia de derechos colectivos, no afecten la continuidad productiva de un sector que cuenta con elementos tan propios como son la temporada, el clima y la escasez de mano de obra especializada.

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