Colombia asegura el uso del glifosato para fines agrícolas
La Sociedad de Agricultores de Colombia [SAC] y sus gremios afiliados reciben positivamente la decisión del Gobierno de asegurar la aplicación correcta del glifosato y demás productos químicos de uso agrícola, al considerar que el manejo y forma de utilización del herbicida en la producción agropecuaria no produce efectos nocivos en la salud, cuencas hídricas y sistemas ambientales.
De acuerdo a información publicada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, la SAC agradeció al Gobierno haber considerado los argumentos expuestos por el sector privado y los centros de investigación que han dado a conocer las recomendaciones técnicas sobre la dosis y el manejo de la aplicación de químicos en el agro colombiano.
De esta manera, y a fin de garantizar el buen manejo de los agroquímicos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto a la SAC desarrollarán un convenio de buenas prácticas agrícolas.
“Somos conscientes de la necesidad de buscar alternativas eficaces para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia, sin que éstas afecten al sector rural”, indica el sitio.
Con respecto a este punto, el sitio El Espectador señaló que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspenderá las fumigaciones aéreas con glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito. Asimismo, destacó que en un plazo de un mes, “el mismo organismo formulará los cambios que deberán hacerse a la política antinarcóticos a raíz de esta decisión”.
“Después de más de tres horas de reunión, el Consejo de Estupefacientes, a través de su presidente, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, anunció que el organismo, por mayorías, acató la recomendación hecha por el Ministerio de Salud con base en estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud: suspender el uso de este herbicida por sus probables efectos cancerígenos sobre los seres humanos”, señala el sitio web, agregando que la decisión se hará efectiva cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) revoque o suspenda el plan de desarrollo ambiental que permite las fumigaciones dicho plaguicida.
De esta manera, las nuevas políticas deberán “re-potenciar la erradicación manual, la sustitución de cultivos concertada con las comunidades, presencia integral del Estado en las zonas ‘cocaleras’ y hacer énfasis en las medidas de interdicción”.
“En concreto, ese nuevo modelo de interdicción consistiría en fortalecer la detección y destrucción de laboratorios de cocaína, la incautación del alcaloide y el control de precursores químicos. Un apuesta que, de acuerdo con la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, tiene una efectividad más alta para reducir la producción y tráfico de cocaína, y para golpear las finanzas de organizaciones criminales. Es decir, para atacar con mayor fuerza los eslabones medios y altos de la cadena del narcotráfico”, concluye.
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