Por Karina Buzzetti, Directora de Investigación de Agri Development Ltda.

Durante el año 2017 en Europa se conoció el caso de huevos contaminados con fipronil, un pesticida utilizado comúnmente en control de pulgas en perros y gatos, pero que está expresamente prohibido para su uso en animales destinados a la cadena alimentaria tales como las gallinas y vacas, ya que está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "moderadamente tóxico" para los humanos.

Si bien los niveles detectados de este plaguicida en huevos no conferían mayor riesgo de toxicidad aguda en personas adultas, un gran escándalo se desató por la presencia de este contaminante sobre dicho alimento, en especial porque la regulación sobre límites máximos de residuos de pesticidas es bastante estricta en Europa, con el fin de evitar - con un amplio margen de seguridad - riesgos de intoxicación humana.

A pesar de que especialistas de las agencias británicas y suecas advertían que las cantidades detectadas de fipronil no suponían un riesgo agudo para la salud de los consumidores, la alerta encendida significó el retiro de la mercancía sospechosa desde los anaqueles de las principales cadenas de supermercados de Europa y otros países fuera del continente, que también habían recibido huevos de orígenes en común; con los costes a la industria productora no solo por la pérdida de ventas, sino por la crisis de reputación para el producto y los proveedores involucrados.

Así, en los Países Bajos y Bélgica la producción de 258 y 93 granjas respectivamente fueron bloqueadas temporalmente por las autoridades, y, debido a las sospechas de la Comisión Europea de que la práctica involucrara a más proveedores, se bloquearon otros lugares: 10 granjas en Italia, 7 en Alemania, 1 en Francia y dos en Hungría.

Una investigación judicial se llevó a cabo (manteniendo en prisión preventiva) a algunos directivos de empresas como PoultryVision y la sociedad de desinfección ChickFriend, por haber mezclado fipronil (y también otras sustancias prohibidas) como un producto contra el ácaro rojo presentado como "un pesticida natural".

Actualmente la Comisión Europea posee directrices específicas que buscan fiscalizar y prevenir la presencia de fipronil y otros contaminantes en carnes y huevos, tal y como ya se fiscaliza activamente en otros alimentos.

En Chile, durante abril del 2018, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) advirtió públicamente sobre la contaminación de fruta tratada con un determinado formulado fungicida por la presencia (no visada) del insecticida fipronil en algunos lotes de dicho producto formulado.

El insecticida se encontraba (al igual que en el caso de los huevos en Europa) a muy baja concentración en la fruta tratada, pero, por tratarse de un producto no registrado localmente para su uso en cultivos o frutales (con tolerancias limitadas en ciertos mercados de destino y prohibido en otros), la alerta fue dada llevando a cabo simultáneamente las medidas de control de daño, tales como destrucción de la fruta tratada con los lotes contaminados; retiro de los lotes del pesticida del comercio; destrucción de la fruta en destino que hubiera sido tratada con los lotes sospechosos del plaguicida, entre otras medidas.

Las investigaciones del caso, la búsqueda de sus causales e implicancias son lideradas por el SAG y el Ministerio de Salud de Chile, las que aún se encuentran en curso. Junto a la contaminación del herbicida quinclorac en un desinfectante de cortes de poda, este sería el segundo caso de contaminación que vincula al mismo proveedor de pesticidas en los últimos 3 años, acusando no sólo faltas de regulación interna en dicha empresa, sino también alertando sobre los riesgos latentes a los cuales la producción de exportación y local se encuentran sometidas.

Las regulaciones internas en Chile para lograr un registro de un plaguicida nuevo u original son unas de las más exhaustivas de América, no obstante, el camino para registrar un producto genérico posee algunas diferencias fundamentales que permiten obtener un registro más rápido, basándose en la presunción de equivalencia en eficacia y comportamiento químico del producto genérico respecto al original-

Esto generalmente se respalda vía certificados emitidos por entidades reconocidas en registros de la autoridad competente (como estaciones experimentales autorizadas para estos fines), pero que, a diferencia de la regulación de bioequivalencia en medicamentos, no implica necesariamente la realización de estudios que verifiquen y certifiquen el cumplimiento de dichas premisas.

Lo anterior, ha permitido la coexistencia de empresas agroquímicas competidoras regulando precios de pesticidas a favor del agricultor, y donde la responsabilidad legal de la veracidad de lo declarado en el proceso de registro (de un producto original o genérico sin excepción), así como en la etiqueta autorizada del producto final corresponde a la empresa dueña del registro del plaguicida.

Chile es por definición de su economía frutícola un país focalizado en la exportación, por lo que la presión internacional del cumplimiento de las normativas de límites máximos de residuos de plaguicidas, normas de respeto social y ambientales son cada día más relevantes.

Nuestros recibidores no sólo esperan y exigen fruta de calidad, sino también esperan alimentos seguros, y un proveedor confiable y ético que declare verazmente sus procesos.

Aunque la empresa proveedora de pesticidas pueda nuevamente cubrir los costes comerciales por la destrucción de fruta involucrada en este caso, ninguna empresa proveedora de agroquímicos podría cubrir los costes de nuestra imagen país como productores de alimentos confiables, que es finalmente lo que se pone en riesgo a mayor plazo.

Incluso, si la contaminación ocurriera con otros plaguicidas permitidos en la fruta, quizás el escándalo en la exportación pasaría sin advertencia, pero no debemos olvidarnos de que también existe el riesgo de que el usuario, en un malogrado evento de intoxicación durante la aplicación, deba recurrir a los tratamientos toxicológicos de emergencia, y, al no contar con información veraz del contenido del plaguicida en la etiqueta, obtener consecuencias mayores que podrían quizás haberse controlado de haberlo conocido.

Lo mismo ocurre al infringir la normativa de Salud sobre advertir a los vecinos de una explotación agrícola sobre la aplicación de un determinado plaguicida, pues, aunque en estos casos el agricultor dé el aviso oportuno, la aplicación (no por su culpa) implica otros pesticidas no declarados. Nuestra norma es clara y debe cumplirse, ya sea por razones legales, sociales, éticas o comerciales, todas ellas importantes y fundamentales en la sustentabilidad de la industria.

En estos casos ocurridos en Chile, al igual que lo ocurrido en las granjas europeas los primeros en resentir el daño son los productores, pero, aunque se cubran sus costes de corto plazo, es imperativo que todos los agentes involucrados reconozcamos la importancia del tema antes de lamentar consecuencias mayores en nuestra imagen como país exportador de fruta para mantenernos como un proveedor ético y confiable.

www.portalfruticola.com