Columna de opinión: Detección de productos prohibidos en frutas y hortalizas: ¿Cómo avanzamos?

Por Dr. Karina Buzzetti, Directora de Investigación, Consultora AgriDevelopment

Recientemente un estudio publicado por investigadores de la Universidad Católica del Maule alerta sobre una preocupante realidad; la presencia de pesticidas no permitidos desde hace 20 años en Chile, detectados tanto en frutas como en orina de estudiantes de dos escuelas de San Clemente y Talca.

Los compuestos detectados corresponden al p-nitrofenol (metabolito del insecticida metil paratión) y el nitrobenceno, siendo el segundo una sustancia química industrial; agente utilizado en la producción de anilina o como precursor en la fabricación de plaguicidas, colorantes, caucho sintético, entre otros elementos.

Considerando que en Chile el registro de metil paratión fue cancelado por el Servicio Agrícola y Ganadero desde 1998, su comercialización y uso en el país se prohibió desde entonces, agotando las posibilidades de que dicho pesticida haya sido adquirido por vía legal.

Por otro lado, considerando la realidad productiva de la fruticultura en Chile, es difícil entender que, en huertos productivos orientados principalmente a la exportación de fruta; guiados por regulaciones internas y externas en cuanto a límites máximos de residuos, Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) y otras normas regulatorias y fiscalizaciones; hayan incurrido intencionalmente en el uso de este plaguicida en la actualidad.

Sin embargo, casos recientes de contaminación accidental de plaguicidas en Chile y transgresiones a la normativa del Ministerio de Salud (MINSAL), en cuanto a límites máximos permitidos de ciertos plaguicidas en hortalizas levantan una alerta conjunta; y preocupantemente constante en los últimos 5 años, que debe atenderse con urgencia.

Así, junto con los casos de transgresiones a límites máximos de residuos en hortalizas de consumo nacional, fiscalizados entre los años 2014-2015, por un equipo de investigación de INIA. Quienes alertaron, además responsablemente sobre la detección de productos no registrados para dichos usos; se suman los casos de contaminación de una pasta poda con el herbicida quinclorac; y el de un fungicida con el insecticida fipronil, no registrado para su uso en fruticultura en Chile y cuestionado en productos de consumo humano en Europa.

A los casos anteriores se suman los reportados este año por los investigadores de la Universidad Católica del Maule, los que, en su conjunto, despiertan la necesidad de una mirada más profunda respecto a la situación de Chile en el uso y comercialización de pesticidas; ya que todos éstos fueron reportados posterior al uso de los productos (y en algunos casos, posterior a la venta de la fruta tratada).

Si bien es reconocido que nuestra norma de registros de plaguicidas para uso agrícola es una de las más complejas para la región; Chile aún se encuentra bajo un régimen de venta libre de pesticidas (sin necesidad de receta o recomendación guiada por un especialista). Permitiéndose que cualquier persona dentro o fuera del rubro agrícola acceda a productos, como por ejemplo, el organofosforado dimetoato (neurotóxico) o al herbicida glifosato; de venta habitual en la sección de productos para jardín de un supermercado o ferretería sin trazabilidad alguna.

Dicha situación hoy es impensada en aquellos países donde la receta de un profesional es mandatoria. La venta directa sin agrónomos, por internet o por teléfono es también una realidad que actualmente es potenciada; incluso para los formatos de volúmenes de plaguicidas agrícolas.

En otro punto, el uso de esos productos fuera del rubro agrícola en general no es fiscalizado; por lo que, de ser empleados en parques o áreas públicas, no hay un control o advertencia sobre respetar el período de reingreso a la zona tratada. Lo cual sí es alertado en las producciones agrícolas reguladas por BPAs.

Es factible entonces que en todo grupo socioeconómico existan exposiciones desconocidas (y no vinculadas directamente al rubro agrícola), como un paseo por una cancha de golf, tenis o fútbol con pasto real; un parque comunal; un camino rural (tratado preventivamente con herbicidas para evitar incendios); entre otros ejemplos.

Si bien la nueva norma de registros de plaguicidas de uso agrícola en Chile permitió acelerar varios procesos de autorización pendientes. Nos hace falta ser consecuentes en las normas que competen el uso de plaguicidas en su conjunto; dentro y fuera de la operación agrícola, incluyendo las de uso doméstico que hoy son competencia del Minsal e implementar mejores fiscalizaciones de todos los procesos.

Esto incluye la revisión de muestras de productos autorizados a la venta; involucrando en el análisis incluso la presencia de contaminantes no declarados o de cambios en la composición (como cambios en un coadyuvante). Los que hoy, si bien deben ser reportados al SAG, según la norma agrícola, la implementación de ella queda en una práctica de buena fe; ya que no hay herramientas suficientes ni legales, ni metodológicas, ni presupuestarias que permitan al Servicio Agrícola o al Minsal llevar a cabo estos seguimientos.

Normas más avanzadas en estas áreas - como la de Australia - tienen una rigurosa fiscalización de trazabilidad y de composición de pesticidas pre y post venta. Lo que permite tener detecciones tempranas, que previenen casos como los ocurridos en Chile y que concentran estos productos bajo una misma regulación; sin separar el tipo de normativa al que serán sometidos cuando se venden en formato de bajo volumen (retail).

Chile, como país de gran prestigio como exportador de alimentos debe avanzar en esta área, separándose si es necesario de las normativas de otros países vecinos. Además de progresar, a pesar de los hechos ocurridos y de las presiones comerciales que puedan existir, en fortalecer la competitividad de nuestra agricultura; manteniendo el liderazgo en temas de inocuidad y sustentabilidad.

Hoy, varios actores del rubro estamos comprometidos con esto, cada uno en su ámbito de trabajo y/o en colaboración conjunta.

Destacan los avances realizados por investigadores provenientes del mundo privado como público, entidades estatales como la Universidad de O’Higgins; entidades gremiales como Fedefruta, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos; así como agrupaciones agrícolas regionales como HortiCrece, y, por supuesto, los múltiples aportes de nuestro Servicio Agrícola y Ganadero, liderado en estas temáticas por el Sr. Rodrigo Astete.

La unión de fuerzas y discusión desde diversas aristas es enriquecedora para un compromiso que debe abordarse con visión futura; ya que la agricultura sigue siendo la segunda fuente de ingresos más relevante para nuestro país.