Los productores de kiwi de Nueva Zelanda realizaron una demanda colectiva ante la Corte Suprema; con el fin de responsabilizar al gobierno por las pérdidas causadas por el brote de PSA en el país.

La medida, se produce un mes después de que el Tribunal de Apelaciones decidiera permitir que la Corona apelara a una decisión del Tribunal Superior; que la consideraba parcialmente responsable por el brote de PSA, que devastó los huertos de Bay of Plenty en 2010 y 2011.

En junio de 2018, el Tribunal Superior confirmó parcialmente un reclamo contra el Ministerio de Industrias Primarias (MPI); por no evitar que la enfermedad devastadora ingrese al país.

El reclamo fue presentado por Strathboss Kiwifruit Limited; que representaba una clase de 212 productores de kiwi y el operador poscosecha Seeka, con sede en Te Puke.

John Cameron, presidente de Kiwifruit Claim, cree que tienen un fuerte caso para apelar la decisión del Tribunal de Apelaciones; que determinó que, aunque el Gobierno fue realmente responsable de que PSA ingresara a Nueva Zelanda, no es responsable de las pérdidas de kiwi.

"En 2018, el ministro de Finanzas, Grant Robertson, dijo en una entrevista a los medios: Creo que tenemos que enfrentarnos cuando el Gobierno se equivoca ".

“No hay absolutamente ninguna duda de que el Gobierno se equivocó; y fue responsable de la devastación de la industria del kiwi cuando permitieron el PSA en Nueva Zelanda. Tanto el Tribunal Superior, como el Tribunal de Apelación han confirmado esto; pero el Gobierno sigue sin presentarse y asumir la responsabilidad”.

Cameron agregó: “La conclusión es que la decisión del Tribunal de Apelaciones contraviene el derecho de todo neozelandés; en virtud de la Ley de la Declaración de Derechos de 1990; de exigir al Gobierno que rinda cuentas por negligencia de la misma manera que si fuera una empresa privada o un individuo.

"Estamos impugnando la decisión del Tribunal de Apelaciones de que el Gobierno está exento de responsabilidad en virtud de la Ley de Procedimientos de la Corona, porque pueden aprovechar las inmunidades para los empleados en virtud de la Ley de Bioseguridad", dijo Cameron.

"La Corte de Apelaciones siguió a un caso anticuado de la Corte Suprema que creemos que es claramente incorrecto y no aborda nuestro derecho bajo la Declaración de Derechos".

“El Gobierno sabía que existía el PSA, sabían el daño que podría causar si se dejaba entrar al país e infringieron sus propios protocolos para evitarlo. Pagamos importantes tarifas y gravámenes de bioseguridad al Gobierno y, a cambio, esperamos que el Gobierno desempeñe su función de bioseguridad con un cuidado y habilidad razonables.

"En este caso, el Gobierno se llenó a lo grande y deben asumir la responsabilidad y compensar a los productores de kiwi por las pérdidas que ha causado el Gobierno", dijo Cameron