Chile: Expertos en temas hídricos realizan propuestas a la Convención Constitucional

El nuevo referente propone que la administración pública de las aguas sea ejercida por un organismo autónomo y técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio. También se plantea la creación de un Programa Nacional de Educación para el Agua.

“El agua, la crisis hídrica y la sequía han estado presentes en el debate nacional la última década, como nunca. No es casualidad que el Congreso discutiera durante 10 años la aprobación de un nuevo Código de Aguas, que el gobierno convocara a una Mesa Nacional Hídrica, y que la Convención Constituyente pusiera el agua dentro de sus primeras prioridades. “Creemos que las soluciones deben ir de la mano con el conocimiento que hoy existe sobre gestión eficiente del agua, sobre modelos para su gobernanza y con gran urgencia. Ya no hay tiempo que perder”. Con esta frase se presenta este grupo de 10 académicos, emprendedores, innovadores y gestores del agua que decidieron ponerse de acuerdo “dejando de lado legítimas posiciones políticas de cada cual, y proponer soluciones”. A inicios de febrero, y viendo el cariz que tomaba la discusión constitucional sobre el agua, armaron un WhatsApp con la idea de agruparse y aunar posiciones para generar propuestas en común.

Se trata de José Luis Arumi Ribera, académico del Departamento de Recursos Hídricos, Facultad de Ingeniería Agrícola Universidad de Concepción, Carlos Ciappa Petrescu, abogado, profesor de Derecho de Aguas, Empresa y Derechos Humanos, y Régimen Legal de los Recursos Naturales. Consultor ad hoc Banco Mundial; Francisco José Contardo Morandé, periodista, consultor y director Gestionando el Agua; Graciela Correa Rodríguez, gerente Federación de Juntas de Vigilancia VI Región, Emilio de la Jara Hartwig, ingeniero civil, experto en tecnologías de medición y distribución automática agua. Premio Nacional de Innovación Avonni y MIT Technology Review, Matías Desmadryl Lira, abogado, profesor derecho de aguas, ex director general de Aguas, Guillermo Donoso Harris, Investigador del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Luis Gurovich, Ingeniero Agrónomo, consultor y académico. 40 años en proyectos relativos de riego tecnificado; José Miguel Morán, Ingeniero Civil Industrial Universidad de Chile, gerente de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje; e Ivo Radic Herane, emprendedor, especializado en implementación de proyectos de Reúso y Desalación de Agua en Chile.

Como primera acción de este referente, que se autodenominó “Juntos por el Agua” propusieron los aspectos que a su juicio debe contener la Constitución en materia hídrica, donde a juicio de los expertos “el agua debe ser reconocida como un elemento básico para la vida, el desarrollo y el bienestar humano, así como para la subsistencia animal, vegetal y de los ecosistemas. Es deber del Estado como entidad al servicio de las personas, generar las condiciones que garanticen la seguridad hídrica para las generaciones actuales y futuras”.

Los expertos expresan que la Constitución debe consagrar el derecho humano al agua para uso personal y doméstico bajo estándares de suficiencia, salubridad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad, así como el derecho al saneamiento, según las condiciones que fije la ley, y precisando los organismos responsables de su cumplimiento. Es deber del Estado crear las condiciones necesarias para este acceso, a nivel urbano y rural.

A su vez consideran que el Estado asegure el agua como un elemento primordial para la producción de bienes esenciales, como los alimentos y abogan por un Constitución que establezca una institucionalidad pública para la gestión del agua a nivel nacional y por cuenca, y se la juegan por que la administración pública de las aguas sea ejercida por “un organismo autónomo y técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio; que asegure su estabilidad y relativa independencia del gobierno o poder político de turno”.  Además, rescatan el rol de las organizaciones de usuarios de aguas, que a su juicio debe ser potenciado.

Los firmantes, afirman que la Constitución debe establecer explícitamente el carácter de bien nacional de uso público de las aguas y que podrán otorgarse, concesiones sobre las aguas, correspondiendo a la ley regular su otorgamiento, condiciones de ejercicio, limitaciones y extinción, en conformidad al interés público. En todo caso, la Constitución debe – a juicio de los firmantes- reconocer y amparar los derechos de aprovechamiento actualmente vigentes, por tratarse de derechos adquiridos, que se encuentran protegidos por los Tratados Internacionales.

Deberes del agua 

Uno de los aspectos más novedosos de la propuesta es que considera establecer deberes del agua, donde todos los habitantes de Chile, tanto personas naturales como jurídicas, tengan el deber de utilizar el recurso hídrico con la máxima eficiencia que la tecnología actual permita y minimizar el impacto ambiental que signifique su uso. También incluyen que como deber de los usuarios del agua implementar mecanismos de medición y registro de los consumos efectivos de agua.

Otra novedad que se plantea a la convención es la idea de que el Estado cree un Programa Nacional de Educación para el Agua, “para generar conciencia orientada a la adopción de tecnologías que aseguren el uso eficiente y sustentable de los recursos hídricos actuales y futuros, en todas las actividades humanas que requieran de agua”

Los firmantes firmaron que seguirán trabajando para realizar propuestas en conjunto, no solo a la Convención, sino también medidas concretas para la gestión del agua. “Estamos disponibles para colaborar con la convención y con las nuevas autoridades políticas, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo y Comunal”, afirmaron.