Por la ingeniera agrónoma Isabel Pérez, Miembro Comisión Técnica de Plaguicidas Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile.
Isabel Pérez
El cobre no solo constituye un oligoelemento esencial para la sobrevivencia de los organismos, sino que además se ha utilizado por décadas en la agricultura, para controlar distintos tipos de problemas de índole fitopatológico ocasionados por oomycetos, hongos y bacterias. Debido a esta característica biocida, este elemento constituye una importante alternativa a considerar para el manejo integrado, y en ello, en el caso de la agricultura orgánica, esta alternativa resulta ser una estrategia de control esencial.
Este último aspecto, sin embargo, puede traer consecuencias negativas en el mediano plazo, debido a que el cobre, al ser un metal pesado, ante regímenes productivos que fundamenten su estrategia de control en este tipo de elemento, ocasionan su constante acumulación en perfil superficial del suelo, constituyendo una situación incongruente respecto a los principios que persigue la agricultura ecológica.
Históricamente, los compuestos antimicrobianos en base a cobre (CABC) han sido utilizado en la agricultura debido a su toxicidad relativamente alta para los organismos fitopatógenos objetivos, su bajo costo relativo, baja toxicidad para mamíferos en el caso de los compuestos menos lixiviables, así como su estabilidad química. Sin embargo, no han sido escasos los hallazgos de diferentes investigaciones a nivel mundial que dan cuenta de una serie de efectos no deseados asociados al uso y en muchos casos “abuso” de CABC.
Entre éstos podemos mencionar:
Ante esta abundante evidencia científica, diferentes entidades asociadas a la agricultura mundial se encuentran ejerciendo presión (mediante diferentes instancias), para que los responsables de generar la normativa regulatoria local definan y limiten el uso de estos compuestos. ¿Que se pretende restringir?, los tipos de CABC según el grado de inocuidad de éstos respecto al consumidor y medioambiente, así como también los volúmenes totales de este tipo de compuestos empleados por hectárea/año.
A la fecha, en el caso de Chile, existen un total de 81 CABC (óxido cuproso, óxido cúprico, hidróxido de cobre, sulfato tribásico de cobre, caldo Bordelés, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato dibásico de cobre, sulfato básico de cobre, carbonato dibásico de cobre y 8-quinolato de cobre, estos dos últimos, registrados exclusivamente para uso en tratamiento de madera en el ámbito forestal), todos debidamente registrados ante el Servicio Agrícola y Ganadero, sin embargo, ninguno de ellos presenta en la normativa vigente valores de Límite Máximo de Residuos (LMRs) explícitamente establecidos (Resolución 892 EXENTA, aprueba la Norma Técnica Nº 209 que fija los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Alimentos, actualmente en revisión).
De acuerdo con esta situación y según especifican nuestras regulaciones, el establecimiento de los valores de LMR omitidos debe realizarse mediante consulta a las bases de datos de Codex Alimentarius, Estados Unidos de Norteamérica (US EPA: United State Environmental Protection Agency) y/o Unión Europea (EFSA: European Food Safety Authority, European Union). Lamentablemente a la fecha, Codex tampoco especifica valores LMRs para los CABC, mientras que, al igual que en el caso de EPA y EFSA, ninguno de ellos coincide respecto de los CABC autorizados para su uso en cada uno de los territorios que cada uno de ellos regulan o norman.
En el caso de la Unión Europea, la toma de decisiones con respecto a regular de una manera más estricta el uso de los CABC, inicio en el año 2009 (DIRECTIVA 2009/37/CE de la Comisión de 23 de abril de 2009), mediante la limitación de los tipos de compuestos de cobre aprobadas. Dicha regulación restringió a exclusivamente 5 opciones de CABC, entre los cuales encontramos, desde entonces y a la fecha al hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre, caldo bordelés o mezcla de Bordeaux, sulfato tribásico de cobre y óxido de cobre, opciones entre las cuales un productor debe escoger, de acuerdo con sus requerimientos y la capacidad de dichos compuestos para liberar los iones de cobre en solución. Queda excluida la forma sulfato de cobre dado su extrema solubilidad y consecuente toxicidad para los aplicadores y el medio ambiente.
Posteriormente dicha reglamentación ha establecido nuevos parámetros regulatorios, en este caso, respecto a los volúmenes de cobre autorizados a utilizar en una hectárea tratada/año. Inicialmente varios países autorizaron un volumen aplicado de 6 kg por hectárea durante el plazo máximo de un año, sin embargo, dicha norma se ha hecho mucho más rigurosa (REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1981 de la Comisión de 13 de diciembre de 2018) y ha establecido, a la fecha, un volumen máximo autorizado de 28 kg de cobre metálico por hectárea, para un plazo no menor a los 7 años (o el equivalente a 4 kg de cobre/ha/año).
Sin embargo, dada la presión del medio agrícola y científico de la UE, la norma ha incluido una nueva regulación adicional que incluye, entre otros puntos, la recomendación de que en aquellas localidades en donde existe algún otro aporte de cobre exógeno a las labores propias del agroecosistema productivo, dicha cantidad de aporte adicional de cobre sea descontada de aquella autorizada a aplicar por parte de los productores. Esta regulación, en el caso de implementarse en Chile, específicamente en el caso de la Región de O´Higgins, ¿cómo afectaría?...En nuestro contexto regulatorio, es requerido y necesario un mayor análisis que considere las particularidades.
Si bien en el caso de la UE los CABC antes mencionados se encuentran autorizados para su fabricación, comercialización, uso y transporte en territorio de la UE, de acuerdo con la reglamentación imperante, estos compuestos poseen la categorización de “candidatos a sustitución”, debido a su condición persistente y tóxica, cuya fecha de expiración de autorización fue fijada al 31 de diciembre de 2025 (REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1093 de la Comisión de 24 de julio de 2020).
En el caso de EPA (USA), la normativa es bastante más permisiva que la descrita anteriormente para EFSA, tanto respecto a los tipos de CABC explícitamente autorizados, sus valores LMRs así como también respecto a los volúmenes autorizados a aplicar/hectárea año (no establece límites). Esta normativa puede ser atractiva para adoptar como modelo a seguir, principalmente desde el punto de vista comercial, al permitir un mayor número de CABC. Sin embargo, muchos de los compuestos aquí autorizados, disponen de robusta evidencia científica que recomienda su prohibición de uso debido al impacto negativo que ocasiona su uso en el agroecosistema.
Como se puede concluir hasta acá, el uso de cobre en la agricultura, sin desmerecer su gran utilidad en la agricultura como biocida y fertilizante, es bastante controvertido, especialmente en el caso de la agricultura ecológica, donde lamentablemente en un plazo relativamente corto, podría llegar a estar prohibido como a la fecha ocurre en países como Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suiza (estos países también han prohibido el uso de cobre en los programas de manejo integrado de plagas en sistemas productivos convencionales).
Sin embargo, no solo es necesario establecer una normativa local clara que defina las opciones de CABC más inocuas para su uso en agricultura (independientemente del tipo de sistema productivo a tratar) y que también limite el aporte máximo de kg de cobre metálico por hectárea/año, sino que además con estas herramientas regulatorias en vigencia, se elaboren, de manera multidisciplinaria, estrategias para el uso eficiente de los CABC y así prolongar la vida útil de estos compuestos, independientemente de la zona del país en que se requieran (localidades con aportes adicionales de cobre por polución y/o agua de riego contaminada).
Entre las estrategias de prevención, mitigación o limitación de los efectos negativos de los CABC se debe considerar:
Como es posible para el lector concluir, el uso de cobre así como las problemáticas asociadas al uso desinformado de los CABC y de las regulaciones que lo norman, son una permanente, silenciosa y muy poco reconocida bomba de tiempo que, en el caso de no tomar las medidas necesarias en el corto plazo, ocasionará la pérdida de esta valiosa herramienta de manejo de enfermedades que afectan a cultivos de gran importancia económica así como también, eventualmente, el colapso de los sistemas productivos de tipo orgánico o biodinámicos.
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