Costa Rica: Siembra ilegal de piña rosada pone en peligro a la industria

La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) exigió a las autoridades de Costa Rica que incorporen a la brevedad mecanismos legales para sancionar la siembra ilegal de piña rosada, detectada hasta el momento en la región Huetar Norte.

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Para conocer en profundidad la situación que vive la industria de piña en Costa Rica, conversó en exclusiva con Portalfruticola.com el presidente de CANAPEP, Abel Chaves, quien indicó que existe un riesgo para los importadores de esta fruta de Costa Rica, “porque si llega a un país donde la rosada no es aceptada, le pueden cerrar las importaciones de piña”.

A juicio de CANAPEP, dichas irregularidades podrían traer consecuencias desde el punto de vista legal tras los compromisos suscritos por el país para garantizar el Derecho de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), así como los enunciados en esta misma materia del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), debido a las implicancias que ya están teniendo las noticias de este hecho en los mercados de Europa y Estados Unidos.

Esto está relacionado con la aprobación exclusiva otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la empresa Fresh del Monte, asociada de CANAPEP, para la investigación y desarrollo de la nueva variedad de la piña, tras cumplir con los protocolos correspondientes, entre ellos, el registro de propiedad intelectual, permisos de producción y exportación, así como las medidas de bioseguridad.

Acciones

El problema más grave, indicó Chaves, es que hemos puesto todo el empeño para que se conozcan los nombres de las empresas involucradas en el cultivo ilegal de piña rosada, “porque los derechos de propiedad intelectual para nosotros son muy delicados. Porque por un lado Costa Rica tiene dos acuerdos comerciales, y cada uno de los instrumentos comerciales tienen un capítulo de propiedad intelectual y desde ese punto de vista el día de mañana cualquier productor se puede ver en esta situación”.

Chaves añadió que los estatutos de CANAPEP son muy claros, y la situación que está afectando a la industria es una causal para desafiliar a un productor.

“Lamentablemente es una forma de ensuciar el trabajo honesto que viene haciendo el productor honesto y que se apega a la ley del país. Desde ese punto de vista, vamos a procurar llegar hasta el final” dijo el presidente de la institución.

Chaves explicó que presentaron un recurso de amparo a la sala constitucional, “lo que va a derivar en muchas acciones, en lo técnico y comercial. Nosotros buscamos si alguien viene a invertir en programas de desarrollo, a generar empleo, a impulsar la economía general del país, que se le proteja con los derechos de propiedad intelectual”.

La organización solicitó, además, a las autoridades de Comercio Exterior que analicen la posibilidad de retirar la marca país “esencial Costa Rica” a aquellas empresas que hayan violentado la legislación, al sembrar de forma ilegal esta nueva variedad y que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) implemente medidas de cuarentena para aquellas plantaciones y fincas en donde se sospeche que se ha sembrado de forma ilegal.

Impacto

Para el secretario general de la Comunidad Internacional de Obtentores de Variedades Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada (CIOPORA), Edgar Krieger, indicó que la propagación ilegal de variedades protegidas, como en este caso la piña rosada, impacta fuertemente el trabajo de innovación que llevan a cabo los fitomejoradores.

“Sabemos que para incentivar la innovación los desarrolladores de nuevas variedades requieren un marco legal claro que proteja el fruto de su trabajo. El desarrollo de una variedad frutal demora entre 10 a 15 años (incluso más), y en ese desarrollo están involucrados importantes recursos económicos y humanos. Si no protegemos el fruto de ese trabajo, ¿Cómo podemos promover e incentivar la mejora de las variedades vegetales? El contar con leyes de propiedad intelectual brinda esa protección y a la vez incentiva la innovación continua por parte de los fitomejoradores, la dinamización de la economía a través de la inversión, y la mejora de los productos disponibles para los consumidores”, agregó Krieger.

Chaves expuso que actualmente no se conoce la cantidad exacta de plantaciones ilegales que se encuentran activas en la región, “no sabemos cuánto hay en verde y lamentablemente si las áreas de producción se reducen va a impactar y va a aumentar el desempleo en esas zonas, pero no podemos permitir lo que está pasando. Van a tener que encuarentenar esas fincas”.

Trabajo conjunto

El secretario general de CIOPORA, señaló que evitar la propagación de plantaciones ilegales es una acción de todos, “los estados deben proveer las herramientas y el marco legal necesario para proteger la innovación en el desarrollo de nuevas variedades de plantas; los productores y  el mercado deben tener prácticas justas para cuidar este trabajo; y debemos comunicar mejor a los consumidores la labor de los fitomejoradores y el valor de su trabajo”.

El presidente de Canapep finalizó diciendo que “es muy importante conocer los nombres que están vinculados al cultivo ilegal. El servicio fitosanitario habla de cinco empresas, de las que todavía no tenemos una información oficial respecto a cuáles son”.