Chiquita es declarada responsable en caso de financiamiento paramilitar

Tras más de seis semanas de juicio, un jurado de West Palm, Florida, declaró al gigante bananero Chiquita responsable por la muerte de ocho de las nueve víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La empresa deberá pagar 38,3 millones de dólares por daños y perjuicios.

EarthRights International, la firma que representa a los 16 demandantes, familiares de los fallecidos, calificó el veredicto de "gran victoria para los derechos humanos", informó Law360.

"Esperamos que esto envíe un mensaje a Chiquita y a otras empresas de que las vidas no deben ser el coste de hacer negocios", declaró Marco Simons, de EarthRights, a Law360.

"Desafortunadamente, el lenguaje que muchas corporaciones entienden mejor es el dinero, por lo que veredictos significativos pueden cambiar el comportamiento corporativo", agregó.

Según EarthRights, es la primera vez que un jurado estadounidense declara a una gran empresa nacional responsable de complicidad en graves violaciones de los derechos humanos en el extranjero.

Noticias relacionadas: Caso Chiquita: Víctimas de AUC desmienten acusaciones de extorsión

Previamente, los tribunales habían conseguido probar que la empresa había realizado varios pagos entre 1997 y 2004 a las AUC, todos bajo el concepto de"servicios de seguridad".

Chiquita argumentó que dichos pagos eran una extorsión en respuesta a las amenazas violentas contra los trabajadores y las propiedades de la empresa en Colombia.

El ex jefe de operaciones de Chiquita Colombia, Charles Keiser, reafirmó estas afirmaciones en una audiencia realizada a finales de mayo, donde subrayó que la empresa no tuvo otra opción más que cumplir con los pagos exigidos por AUC.

Sin embargo, los abogados que representan a las familias colombianas afectadas argumentaron que Chiquita se aprovechó de la situación de guerra para comprar tierras de cultivo más baratas.

Durante la época, Chiquita compró 35 fincas y más de 10.000 acres de tierra en Santa Marta y Urabá, en el norte de Colombia. Las fincas se consolidaron bajo su filial Banadex, a través de la cual se acusó a la empresa de realizar los pagos.

Chiquita anunció en un comunicado su intención de apelar la sentencia.