Costa Rica: Sector se opone a Ley que amenaza al banano

La Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) de Costa Rica informó por medio de un comunicado, la oposición a la propuesta de ley N.° 23.697, que busca regular la fumigación aérea.

La institución argumentó que la legislación amenaza la estabilidad de la producción bananera, así como de otras actividades agrícolas, ya que no posee estudios técnicos y científicos, en lo referente a la definición del radio de aplicación.

Es importante indicar que el proyecto en principio prohibía un área de fumigación de 3 km de radio, que luego fue reducido a 1 km, equivalente a 314 hectáreas de cultivo, aunque el sector advierte que la afectación podría ser mayor si las zonas restringidas abarcan varias fincas o plantaciones al mismo tiempo.

Al respecto, ASA asegura que la decisión afectaría de forma directa al sector agrícola del país y en particular a la producción de banano, que es la principal actividad económica de la provincia de Limón y genera el 83 % del empleo en la zona Huetar Caribe.

Además, la industria especificó que no fueron consultados sobre el proyecto y mucho menos se les convocó a audiencia, como sí se hizo con grupos ambientalistas y Municipalidades.

El director de ASA, Jorge Cartín comentó: “¿Dónde queda el principio fundamental de la democracia de garantizar la participación y representación de todos los sectores afectados por decisiones legislativas? ¿Cuándo nos convocó la Comisión de Ambiente para escucharnos, conocer nuestra opinión y entender el impacto de este proyecto al sector bananero, así como las soluciones que podríamos aportar? La aprobación de esta Ley afectaría al 100 % de los productores de banano, generando graves consecuencias para la economía nacional con el cierre de varias empresas”.

La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), indicó que emitieron dos oficios con observaciones y comentarios sobre el proyecto de ley en cuestión, los cuales no fueron tomados en cuenta al elaborar el informe de la Subcomisión.

Las organizaciones especificaron que los estudios técnicos y científicos realizados en Costa Rica por la Comisión Asesora para el Control de Regulación de Actividades de la Aviación Agrícola, es la entidad encargada de garantizar el cumplimiento del reglamento para estas actividades.

En ese sentido enfatizaron que los estudios demuestran que, bajo condiciones controladas, como un tamaño adecuado de las gotas, velocidad del viento regulada y altura óptima de aplicación, la deriva, es decir, el movimiento involuntario de un producto fuera de su objetivo durante la aplicación, no excedería los 26 metros a la redonda y en el caso de aeronaves de ala fija y 5 metros cuando se utilizan drones.

Está Comisión está conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Consejo de Aviación Civil, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Colegio de Ingenieros Agrónomos, compañías de aviación agrícola y la CNAA.

Otro de los puntos expuestos, es que no se consideró la posición del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ente competente en materia de registro y aplicación de agroquímicos, el cual manifestó su oposición el año anterior a dicho proyecto de Ley por carecer de sustento técnico y científico.

Cartín, ejemplificó la afectación a nivel de campo que podría tener esta distancia propuesta.
Dijo que “el proyecto establece que, en un radio de 1 km alrededor de puntos como escuelas, Ebais e iglesias, no podrá pasar un avión fumigador”.

“Para dimensionar el impacto en la actividad bananera, imaginemos lo siguiente: si tomamos la Asamblea Legislativa como punto central, suponiendo que es un centro de población, ese kilómetro abarcaría aproximadamente un perímetro desde el edificio del Banco Central de Costa Rica hasta el edificio Urban en Escalante. En esa aérea no se podría fumigar por vía aérea, lo que obligaría a las fincas a recurrir a otras técnicas de fumigación, las cuales no serían rentables y podrían llevarlas a la quiebra, generando un fuerte impacto socioeconómico, no solo en la provincia, sino en todo el país” explicó, el director de ASA.